El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, reveló ayer que el cuerpo de inspectores se ha estado dedicando hasta ahora a certificar que las viviendas de protección oficial (VPO) se destinan a los fines para los que han sido puestas en el mercado.

Y detalló que hasta el momento se han registrado 438 viviendas (250 en Mallorca, 188 en Eivissa y 65 en Menorca) y que estas actuaciones han acabado con 32 expedientes sancionadores, dieciocho de ellos en Mallorca y otros catorce en Eivissa.

Entre los motivos de sanción, el conseller señaló que los había "dispares" como la existencia de "propietarios con más de una vivienda de protección oficial, casas turísticas vacacionales o realquileres ilegales".