El juez Enrique Morell, que investiga el caso Contratos, tomó ayer declaración, en calidad de investigado, a un alto ejecutivo de la multinacional Psyma Ibérica Marketing Research S.L. que, por encargo de la conselleria de Cultura, hizo en 2016 unas encuestas que luego sirvieron de base a Jaume Garau, el consultor que en 2015 dirigió la campaña electoral de Més y que ahora se desvincula del partido (pese a que éste le expulsó), para un informe pagado también por el Govern.

La fiscal anticorrupción Clara Lavado ha visto relación entre la multinacional Psyma Ibérica Marketing, dedicada a trabajos demoscópicos y que fue contratada por la dirección general de Cultura para hacer unas encuestas sobre hábitos culturales de Balears con Jaume Garau, que luego aprovechó esos datos para confeccionar un estudio sobre el impacto económico y hábitos de consumo de la cultura en las islas.

Jaume Garau se desvinculó ante el juez Enrique Morell de la empresa Psyma Ibérica, que en 2016 hizo 1.600 encuestas telefónicas y presenciales sobre hábitos culturales, datos que luego él analizó y valoró en un informe, trabajos que la fiscalía anticorrupción ve como un fraccionamiento de contratos para favorecer al primero. Morell investiga si instituciones gobernadas por Més, entre ellas varias de las consellerias de Cultura y Turismo, dieron un trato de favor a su correligionario Garau a la hora de adjudicarle a dedo contratos.

Garau, defendido por Carolina Ruiz, declaró ante el juez y la fiscal durante una hora y media. Hace unos meses ya fue interrogado en este mismo sumario y aparece como el principal acusado en una querellla formulada por la fiscalía anticorrupción y en otra presentada por el Partido Popular y cuyo contenido en parte ha sido asumido por Morell (al ser ya objeto de investigación), mientras que el resto de imputaciones están pendientes de ser admitidas a trámite por el magistrado Manuel Penalva. Garau, en los pasillos de los juzgados, se desvinculó de Psyma, una multinacional del ramo que trabaja en múltiples países, cuya central está en Alemania y que factura 50 millones de euros al año. "Ya me gustaría tener algo que ver con Psyma", dijo el investigado.

Mejor y más barato

Jaume Garau explicó que es mucho mejor (y más barato) para las Administraciones Públicas que una empresa realice el trabajo de campo demoscópico (en este caso 1.600 encuestas presenciales y telefónicas) y otra analice esos datos, que también en bruto pueden servir para más investigaciones.

Garau aportó al juzgado, entre otra documentación, las encuestas para demostrar que el trabajo de campo se hizo, e insistió en que esta forma de actuar es muy común. El principal investigado se desmarcó de Més (partido que lo expulsó al estallar este caso) y señaló a este diario que sus empresas (Regio Plus Consulting y Consultores de Políticas Comunitarias) tienen como clientes a numerosas Administraciones Públicas de todos los colores, a partidos políticos (entre ellos el PP) y a empresas privadas. "El volumen de facturación que mi empresa tuvo con el Govern (entre 2016 y 2017) era muy pequeño en comparación con los servicios dados a otros clientes, entre ellos el propio Partido Popular", apuntó.

No supo nada del trabajo

Ayer también declaró como investigado un alto ejecutivo de Psyma, defendido por Josep Zaforteza. El imputado aportó abundante documentación sobre el trabajo de campo realizado para el Govern, aunque precisó que por sus funciones de dirección en la multinacional no tuvo nada que ver personalmente con ese contrato. A raíz de su imputación ha reunido toda la documentación sobre el trabajo, que fue entregado al Govern, quien pagó 21.417 euros, IVA incluido. El estudio de Garau costó 21.538 euros, también con IVA. Según las querellas, las encuestas de la multinacional no servían de nada sin un ulterior análisis y el contrato se dividió en dos para poder adjudicárselo a dedo a Garau, algo que éste niega. El ex director general de Cultura del Govern, Jaume Gomila, también está imputado por este supuesto fraccionamiento del contrato. En la causa también figuran como investigados los ex altos cargos del Govern Ruth Mateu, Pere Muñoz y Josep Ramon Cerdà.