Un total de 45 grandes tenedores de Baleares -básicamente bancos y sociedades inmobiliarias ligadas a entidades financieras- han inscrito 859 viviendas vacías desde hace más de dos años para destinarse, según establece la Ley de Vivienda, a alquiler social.
"Se trata de una cifra considerable que muestra la importancia de una ley pionera en España que persigue que las viviendas vacías puedan ser utilizadas por la administración pública, ya que cerradas no tienen ninguna finalidad", ha explicado Marc Pons, conseller de Territorio, Energía y Movilidad en el transcurso de la mesa de vivienda celebrada hoy y en la que se han dado a conocer estos datos.
En concreto, se han cedido 695 viviendas en Mallorca, 134 en Menorca y 30 en Ibiza, donde las zonas con mayor número de inscripciones son Palma, Manacor y Campos, en el caso de Mallorca; Ciutadella y Es Mercadal en Menorca; y Sant Josep en Ibiza.
Asimismo, Pons ha insistido en que esto supone "una bolsa considerable de disposición que permite al Govern trabajar y pasar a hacer las inspecciones correspondientes de las viviendas" con el objetivo de comprobar que estas "cumplen todos los requisitos".
Después, ha explicado que tendrá lugar "la parte contractual" donde se reunirán con todos los grandes tenedores para "hacer las gestiones correspondientes, firmar el contrato y poder destinar las viviendas a alquiler social".
En esta línea, el conseller ha recordado que los Presupuestos de 2019 incluyen una partida de 4,5 millones de euros para "garantizar la utilización de estas viviendas para que puedan ser usadas por los más necesitados". En definitiva esta partida se destinará a reformar y hacer habitables estos pisos vacíos declarados por los grandes tenedores. Al menos, todos aquellos en los que resulte rentable acometer esta inversión, según han matizado fuentes de la Conselleria.
Sobre el cuerpo de inspectores, la Ley de Vivienda contemplaba la creación de un departamento con 13 trabajadores aunque, en estos momentos, solo hay cubiertas 4 de esas 13 plazas. No obstante, fuentes del departamento de Marc Pons han estimado que a finales de año o comienzos del siguiente la plantilla ya estará al completo.
De la misma manera, han señalado que estos inspectores se han visto desbordados durante las últimas semanas a consecuencia de las inundaciones en Sant Llorenç, municipio en el que han tenido qu etrabajar a destajo evaluando los daños sufridos por las viviendas del pueblo.
Por otro lado, ha destacado que en los próximos días se iniciará una campaña de inspección para "ver si los grandes tenedores han puesto a disposición todas las viviendas vacías o si resulta que tienen más".
"Actuaremos si detectamos que hay más viviendas vacías que no se han puesto a disposición de la administración pública y estableceremos un régimen sancionador a través de un cuerpo de inspección", añadió.
Inspecciones a VPO
El conseller ha revelado que el cuerpo de inspectores se ha estado dedicando hasta ahora a certificar que las viviendas de protección oficial (VPO) se destinan a los fines para los que han sido puestas en el mercado. Y ha detallado que hasta el momento se han registrado 438 viviendas (250 en Mallorca, 188 en Ibiza y 65 en Menorca) que han acabado con 32 expedientes sancionadores (18 en Mallorca y 14 en Ibiza) por motivos dispares como la existencia de "propietarios con más de una vivienda, casas turísticas vacacionales o realquileres ilegales".
Como consecuencia, se impondrán sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros para las infracciones graves, mientras que las consideradas como muy graves podrán alcanzar los 90.000 euros.
El Parlament aprobó el pasado mes de mayo la Ley de Vivienda de Baleares que incluye la polémica 'enmienda Nadal' y otras medidas como la obligación de que los grandes tenedores cedan temporalmente los pisos que llevan más de dos años vacíos para que se destinen a alquiler social.
Con la cesión de pisos vacíos, la ley pretende facilitar que las familias mantengan su vivienda mientras se incrementa la disponibilidad de viviendas de alquiler a precio asequible en la comunidad autónoma.
A través del Registro de solicitantes de vivienda pública se acreditará la necesidad de cesión de viviendas por parte de los grande tenedores, que recibirán una compensación económica a cambio.
