Jaume Garau, el consultor mallorquín que en 2015 llevó la campaña electoral de Més, se ha desvinculado hoy ante el juez Enrique Morell, que instruye el llamado caso Contratos, de la empresa Psyma Ibérica, que en 2016 hizo unas encuestas sobre hábitos culturales de los baleares por encargo del Govern, datos que luego él analizó y valoró en un informe, trabajos que la fiscalía anticorrupción ve como un fraccionamiento de contratos para favorecer al primero. Morell investiga si instituciones gobernadas por Més, entre ellas varias de las consellerias de Cultura y Turismo, dieron un trato de favor a su correligionario Garau a la hora de adjudicarle a dedo contratos.

Garau, defendido por Carolina Ruiz, ha declarado ante el juez y la fiscal Clara Lavado durante una hora y media. Hace unos meses ya fue interrogado en este mismo sumario y aparece como el principal acusado en una querellla formulada por la fiscalía anticorrupción y en otra presentada por el Partido Popular y cuyo contenido en parte ha sido asumido por Morell (al ser ya objeto de investigación), mientras que el resto de imputaciones están pendientes de ser admitidas a trámite por el magistrado Manuel Penalva.

Garau, en los pasillos de los juzgados, se ha desvinculado de Psyma, una multinacional del ramo que trabaja en múltiples países, cuya central está en Alemania y que factura 50 millones de euros al año. "Ya me gustaría tener algo que ver con Psyma", ha dicho el investigado.

Jaume Garau ha explicado que es mucho mejor (y más barato) para las Administraciones Públicas que una empresa realice el trabajo de campo demoscópico (en este caso 1.600 encuestas presenciales y telefónicas) y otra analice esos datos, que también en bruto pueden servir para más investigaciones. El empresario ya negó los cargos en un interrogatorio anterior.

Garau ha aportado al juzgado, entre otra documentación, las encuestas para demostrar que el trabajo de campo se hizo y ha insistido en que esta forma de actuar es muy común.

El principal investigado se ha desmarcado de Més (partido que lo expulsó al estallar este caso) y ha señalado que sus empresas (Regio Plus Consulting y Consultores de Políticas Comunitarias) tienen como clientes a numerosas Administraciones Públicas de todos los colores, a partidos políticos (entre ellos el PP) y a empresas privadas. "El volumen de facturación que mi empresa tuvo con el Govern (entre 2016 y 2017) es muy pequeño en comparación con los servicios dados a otros clientes, entre ellos el propio Partido Popular".

Hoy también ha declarado como investigado un alto ejecutivo de Psyma, defendido por Josep Zaforteza. El imputado ha aportado abundante documentación sobre el trabajo de campo realizado para el Govern, aunque ha precisado que por sus funciones en la multinacional no tuvo nada que ver personalmente con ese contrato.