El nuevo criterio que ha adoptado el Tribunal Supremo, que ha determinado que los impuestos derivados por la compra de un inmueble los debe pagar la entidad bancaria y no el cliente, como se ha hecho hasta ahora, puede provocar un aluvión de demandas, que podrían colapsar aún más los juzgados de Balears. Abogados expertos en reclamaciones económicas planteadas a los bancos aconsejan a los clientes que se plantean demandar a las entidades que les han prestado el dinero para poder financiar la compra de una vivienda, que actúen con prudencia.

Hasta ahora el Supremo venía estableciendo que, sobre los pagos de los gastos derivados por la tramitación de una hipoteca, la intervención del notario, la inscripción en el registro y la factura de la gestoría, debían ir a cargo de la entidad financiera. Sin embargo, el pago sobre el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que es un tributo que va a las arcas de la comunidad autónoma, lo debía asumir el cliente que adquiría la vivienda. Cada comunidad autónoma tiene establecido un porcentaje sobre dicho impuesto. En el caso de Balears, el tributo se sitúa en el 1,2 por ciento sobre el valor de la vivienda que aparece señalada en la escritura, que en la mayoría de veces es menor que el valor real por el que podría ser vendida en el mercado.

Los jueces de Balears ya han resuelto centenares de demandas planteadas contra los bancos para exigirles la devolución de los gastos que los clientes pagaron para escriturar la compra del inmuebles. Aunque existían diferentes interpretaciones sobre quién debía pagar los tributos de la compra, los jueces de Balears, a través del criterio que fijaron las salas civiles de la Audiencia de Palma, solo obligaban a los bancos a pagar los gastos del notario y del registro, no así los impuestos.

Sin embargo, esta situación va a cambiar y todas las sentencias que se han basado en la jurisprudencia que hasta ayer había fijado el Tribunal Supremo en este conflicto entre el cliente y el banco, podrían verse ahora modificadas por esta nueva línea de interpretación, según explicaron abogados expertos en estas demandas.

Dichos expertos temen que los juzgados pueden afrontar a partir de ahora una situación parecida a la ocurrida hace unos años, después de que el Tribunal Europeo determinara la ilegalidad de las llamadas cláusulas suelo. En el caso de Balears, los juzgados empezaron a recibir centenares de demandas. En la mayoría de ellas se daba la razón al cliente, frente a los bancos, que ya han devuelto varios millones de euros.