Los expertos insisten en que Sant Llorenç era inevitable, imprevisible y demás adjetivos tan categóricos como contradictorios, pero el desorden léxico escapa al humilde periodismo. Al remitirse a una contingencia azarosa, los científicos olvidan que las inundaciones fueron anunciadas con precisión de vértigo por el Govern.
En los documentos oficiales del ejecutivo autonómico, vomitados al mundo en su página web y contenidos en un Decreto-Ley con la firma de Soraya Sáenz de Santamaría, se avanza que Sant Llorenç ha de sufrir cada década un desbordamiento como el registrado, en los meses de septiembre y octubre.
El Govern no puede jugar la baza de la ignorancia, cuando sus archivos contienen en todo caso un exceso de documentación sobre lo ocurrido. La inundación obedeció, en calendario y superficie anegada, a las predicciones científicas del ejecutivo balear.
El exhaustivo registro no se remite al foco de Sant Llorenç. El Govern sabe también que decenas de miles de mallorquines viven ahora mismo en zonas amenazadas por la inundación. De nuevo, atendiendo a los datos oficiales y públicos. Los gobernantes siempre pecan de inmodestia. Sin embargo, aquí prefieren la acusación de haber desdeñado el peligro, en vez de demostrar que lo habían avanzado. En los días posteriores a la catástrofe, y antes de que este diario desvelara los estudios al respecto, el ejecutivo gozó de la oportunidad idónea para alardear. Ha callado tres veces.
Mantener la sabiduría en secreto es un extraño comportamiento en la autoridad omnisciente, pero con el negocio hemos topado. En breve, lo inmobiliario arrollará a lo meteorológico, y comenzará el auténtico escándalo de Sant Llorenç.
