El juez del juzgado de instrucción número 11 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, ha aceptado reabrir, a petición de la fiscalía Anticorrupción, una investigación ya archivada y ha imputado de nuevo a un policía local del cuartel de San Fernando, por cobrar supuestamente un "impuesto revolucionario" al grupo de trileros que actúa en la zona de la playa.

Se trata de un agente de la Policía Local interino, es decir, que no ha superado las oposiciones, que tras pasar unos años apartado del cuartel de San Fernando, en estos momentos vuelve a vestir el uniforme policial.

Este funcionario fue señalado por uno de los integrantes del clan de los Bustamante, que denunció hace ya varios años, cuando no existía ninguna sospecha sobre la corrupción policial, que el policía se quedaba con una parte importante de los ingresos que obtenían engañando a los turistas a través del juego conocido como el trile. Aunque se investigó el caso, no se pudo llegar muy lejos por falta de pruebas, más allá de la declaración del denunciante, por lo que se solicitó su archivo provisional.

Sin embargo, hace varias semanas la fiscalía Anticorrupción presentó un escrito en el juzgado solicitando que se reabriera el caso y, por tanto, se volviera a llamar al agente sospechoso para que declarara en calidad de investigado. La decisión del fiscal se basaba en unos archivos que se habían recuperado del sistema informático del grupo Siap, una unidad de la Policía Local de Palma de la que se sospecha que fue utilizada para realizar una labor de espionaje sobre políticos, jueces y fiscales, entre otros colectivos.

Al parecer, la agente que manejaba el ordenador que fue intervenido intentó deshacerse de los archivos sospechosos, eliminando los correos electrónicos que se habían enviado a diferentes direcciones, que contenían este material. Entre los archivos recuperados por la Policía aparecieron varias grabaciones sobre las entrevistas que mantuvieron policías locales de Palma con el líder de este grupo de trileros, que denunció la extorsión que estaba sufriendo.

Los responsables de la Policía Local nunca comunicaron al juez que se habían entrevistado con Bustamante y mucho menos que hubieran grabado las tres conversiones que habían tenido con él en distintos lugares de la Playa de Palma. De hecho, el juzgado desconocía incluso que la unidad de asuntos internos hubiera realizado algún tipo de actuación sobre esta denuncia, ni tampoco se sabía si los investigadores llegaron a realizar algún tipo de informe interno para determinar si las acusaciones de Bustamante tenían algún tipo de solvencia. Lo que sí se ha averiguado es que el policía local denunciado no sufrió nunca ningún tipo de sanción interna.

El Grupo de Blanqueo de la Policía, antes de entregar el informe sobre los archivos recuperados, interrogó al integrante de este grupo de trileros, que ya no vive en Mallorca. El hombre detalló que informó a la Policía Local de que había uno de los agentes que se estaba quedado con una parte importante de los beneficios del trile y contó también que tuvo tres reuniones con diferentes personas para contarles detalles de su denuncia. También aseguró que nunca le indicaron que las conversaciones que mantuvieron con él habían sido grabadas. Estas cintas han sido recuperadas de los archivos que fueron borrados.

El policía local señalado por los Bustamante fue citado el pasado martes para prestar declaración ante el juez Lópe Sola ante las nuevas pruebas que han sido aportadas a la investigación. Declaró en calidad de investigado y lo hizo ante el juez y el fiscal Miguel Ángel Subirán. El funcionario policial volvió a reiterar que las acusaciones en su contra son falsas., si bien el policía local negó las acusaciones en su contra.