El Supremo ha rechazado una demanda millonaria presentada por la ingeniera que dirigió las criticadas obras del metro de Palma, que reclamó dos millones y medio de euros de indemnización porque se sintió ofendida por unas declaraciones que realizaron el que fue conseller del Govern del Pacto, Biel Vicens, y el ex director general de Movilidad, Antoni Verger.
Ambos políticos, como consecuencia de las inundaciones que sufrió la instalación subterránea al poco tiempo de su inauguración, realizaron unas declaraciones en las que, además de denunciar la existencia de numerosas irregularidades, acusaron a la ingeniera de haber certificado obras inexistentes por valor de dos millones y medio de euros.
La demanda ha sido rechazada por prescripción, es decir, porque no se presentó a tiempo, lo que implica que los jueces ni siquiera han entrado en el fondo del tema, por lo que definitivamente supone que el tribunal frustra el intento de la ingeniera de recibir dicha indemnización millonaria.
Esta mujer venía trabajando para la empresa Servicios Ferroviarios de Mallorca desde el mes de mayo de 2006, cuando el Govern de Jaume Matas le encargó el proyecto de dirigir las obras del metro subterráneo. El proyecto contaba con un presupuesto de más de 200 millones de euros.
Después de inaugurarse la obra y tras varias inundaciones, la técnica no duró mucho en su cargo. El Govern del Pacto la despidió en el mes de septiembre de 2008. Sin embargo, la trabajadora acudió a los tribunales y consiguió que su despido se declarara improcedente, de tal forma que obligaba a la empresa a la readmisión. En marzo de 2009 recuperó su antiguo empleo.
Tras esta victoria en los juzgados, la ingeniera decidió demandar a los dos responsables políticos porque interpretó que los hechos de los que le habían acusado públicamente habían afectado a su honor.
La mujer solicitó una indemnización de 2,5 millones a la empresa ferroviaria a través de una demanda en los juzgados sociales. El primer juez rechazó el caso porque entendía que se producía una falta de competencia. Esta decisión fue posteriormente ratificada por otra sala. Sin embargo, disconforme con la decisión judicial, la ingeniera acudió a la última instancia, que es el Tribunal Supremo, pero tampoco ha conseguido su propósito.
Los jueces consideran que la demanda ha prescrito, por lo que ni siquiera entran a valorar si los dos exresponsables del servicio ferroviario de Mallorca vulneraron o no el derecho al honor de la ingeniera al atribuirle una supuesta irregularidad económica al haber certificado obras que no se habían realizado. El fallo del Supremo detalla que los dos políticos del Govern del Pacto se basaron para sostener esta acusación en los datos de una auditoría técnica, sobre las obras del metro, y en una jurídica, sobre los contratos.
