Balears planea articular una plataforma con el resto de islas del Meditérraneo para actuar de lobby en Bruselas. El Govern, a través de la oficina del Centre Balears Europa en la capital europea, ya negocia con otras islas como Córcega, Cerdeña y Creta los términos de una alianza a la que también se incluiría a Sicilia, islas griegas o estados como Malta y Chipre, y que serviría por un lado para meter en la agenda europea las desventajas de la insularidad y también para intercambiar políticas llevadas a cabo entre las diferentes islas y archipiélagos.

En el marco de la Semana Europea de las Regiones, representantes de Córcega, Cerdeña, Creta y Balears -en representación del Govern, estuvo el director general de Espacios Naturales, Miquel Mir- debatieron ayer en Bruselas en un foro sobre economía verde en las islas y todas acabaron coincidiendo en la necesidad de mayor coordinación entre ellas y de trabajar juntas en el seno de la Unión Europea.

Detrás de esta consigna subyacen las negociaciones que ya ha puesto en marcha la oficina en Bruselas del Centre Balears Europa con el resto de oficinas de exteriores de estas islas para articular una plataforma de islas mediterráneas con el objetivo de actuar como lobby ante las instituciones de Europa.

La plataforma, de la que todavía está en el aire casi todo, incluiría además de a estas cuatro islas a Sicilia, las islas del Egeo y a Malta y Chipre, estas últimas estados miembros de la Unión, y que entre todas suman casi cerca de once millones de habitantes europeos, con lo que esperarían tener una voz de entidad suficiente para ya no sólo meter en la agenda europea problemas derivados de la insularidad, sino problemáticas propias de las islas Mediterráneas en contraste con las islas del Mar del Norte o del Báltico.

Cabe recordar que el año pasado, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ya selló una alianza en Cagliari con los presidentes de Cerdeña, Francesco Pigliaru, y de Córcega, Gilles Simeoni, para reclamar conjuntamente a la Unión Europea para recibir las mismas ayudas que las islas ultraperiféricas y exigir medidas que compensen los costes derivados de la insularidad, tanto para favorecer la movilidad de personas como el tráfico de mercancías.