Los 73 controladores aéreos que estos días están declarándose culpables de un delito de abandono colectivo del servicio, por la huelga salvaje e ilegal de 2010,han consignado ante la Audiencia 141.000 euros para cerrar el pacto alcanzado con las acusaciones se materialice, según informan fuentes jurídicas próximas al caso. Los acusados habían depositado ya en una cuenta judicial varios cientos de miles de euros, pero han desembolsado más dinero.

La fiscal Amparo González selló el lunes un acuerdo con las defensas de estos 73 acusados para que éstos admitieran un delito de abandono de servicio, penado con una multa de 15.000 euros para 68 de ellos. A los cinco cabecillas del paro, dirigentes y delegados del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) se les reclaman sendas multas de 31.500 euros y cinco meses de suspensión profesional.

González puso como condición que los 73 acusados cubrieran todas las responsabilidades civiles del caso, que incluyen las indemnizaciones a todos los afectados (se hayan o no personado en la causa) y el pago de las costas de las acusaciones particulares y popular (la patronal hotelera).

Trescientos nueve perjudicados han reclamado judicialmente sus compensaciones, que serán de mil euros por cabeza más los gastos ocasionados por el cierre aéreo.

A esa partida, que puede crecer si más afectados reclaman sus derechos, cabe unir las costas de las acusaciones. Un bufete madrileño representa a decenas de damnificados y ha presentado unas costas millonarias, según las fuentes informantes. El sindicado USCA no figura como responsable civil en la causa, papel que sí desempeñan la aseguradora Mapfre Global Risks y Aena (Enaire), que no va a pagar ni un céntimo.

USCA aporta el dinero

USCA anunció hace unos meses que ponía a disposición de las Audiencias Provinciales de Madrid y Palma 15 millones de euros para compensar a los miles de afectados en esas dos provincias. La mayoría de las causas penales abiertas en España por el cierre del espacio aéreo en el puente de la Constitución de 2010.

El sindicato no ha especificado de dónde ha salido ese dinero, una baza muy importante para lograr los pactos de conformidad con la fiscalía y las acusaciones particulares.

Está previsto que la fiscalía traslade hoy o mañana a las partes el escrito de acusación definitivo, donde vendrán reflejados detalles del pacto.

Por otro lado, la fiscalía dejó abierta la puerta a que la patronal hotelera, representada por Llorenç Salvà, reclamara a los acusados las importantes pérdidas sufridas como consecuencia del paro, en forma de estancias hoteleras gratuitas que tuvieron que regalar a los turistas atrapados en las islas por el cierre del espacio aéreo.

La fiscalía también destacó que la huelga encubierta de controladores conllevó un deterioro de la imagen de Balears como destino turístico, lo que provocó muchas cancelaciones de reservas con el consiguiente perjuicio económico para los hoteleros. Sin embargo, la Federación Hotelera ha optado por no reclamar nada, salvo sus gastos jurídicos.

Algunos afectados solicitaban tres mil euros por los daños morales sufridos, una suma que ha sido excluida de las indemnizaciones tras el pacto.