La fiscal Amparo González solicita para los 6 principales acusados de la huelga salvaje de controladores aéreos, los delegados sindicales locales, regionales y nacionales del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), multas de 31.500 euros y cinco meses de suspensión de su profesión. Para los otros 67 acusados que se van a conformar la fiscalía y las acusaciones solicitan sendas multas de 15.000 euros, sin período alguno de suspensión.
Amparo González supeditó la retirada de acusación a 7 controladores a que los otros 73 admitan el delito de abandono de servicio. Ayer se declararon culpables 18 encausados y se espera que entre hoy y el jueves desfilen ante la Audiencia los otros 55. Si alguno de los 65 encausados no se declara culpable, no habrá retirada de cargos para los otros 7 y el juicio se tendría que celebrar.
Conflicto político
Daniel Zamit, portavoz del sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), hizo unas declaraciones antes del inicio de la vista oral, donde explicó los pormenores del pacto y valoró los hechos.
Zamit, que es controlador y está procesado por la huelga en Madrid, manifestó que, aunque se hayan visto abocados al acuerdo, el cierre del espacio aéreo español por el conflicto del puente de la Constitución de 2010 fue responsabilidad del Gobierno y de los responsables de Aena, que generaron "un conflicto político" en el que los controladores fueron "los grandes perjudicados".
"Nos consideramos inocentes", apostilló el portavoz de USCA, que reconoció que el acuerdo con las acusaciones les deja "un sabor amargo".
Los hechos que se están juzgando ocurrieron al inicio del puente de la Constitución de 2010, tras varios meses de conflicto laboral entre el ente público de gestión aeroportuaria (Aena) y el colectivo de controladores por la regulación de las jornadas de trabajo. El juez que instruyó la causa, Juan Manuel Sobrino, apreció "indicios bastantes" para entender que varios representantes sindicales convocaron a los controladores de los aeropuertos de Palma, Eivissa y Menorca y como medida de presión a Aena y al Gobierno "decidieron, de forma conjunta y coordinada, en las asambleas que tuvieron lugar en los tres aeropuertos, paralizar el tráfico aéreo español sin tener en cuenta las repercusiones que ello tendría".
Decidieron "simular incapacidades psicofísicas para el trabajo", según recogió el auto de apertura de juicio, que indica que los controladores investigados que debían irse incorporando a los turnos programados el 3 de diciembre en los tres aeropuertos, en su mayoría alegaron incapacidad por estrés y ansiedad que les impedían ejercer sus funciones, otros no se presentaron al servicio y otros no fueron localizados.
Caos aéreo
Esta situación dio lugar a retrasos y cancelación de vuelos, falta de información, desconcierto de los pasajeros y se declaró el cierre del tráfico aéreo, "provocando numerosos perjuicios materiales y morales".
Lo mismo ocurrió en el turno de mañana del día 4, hasta que el Gobierno decretó el estado de alarma, lo que provocó que la mayoría de controladores se reincorporasen a sus puestos de trabajo en los tres aeropuertos de Baleares y la reanudación del tráfico.
El estado de alarma incluyó la militarización de las torres de control de las islas, que pasaron a ser dirigidas por mandos del Ejército del Aire. Los huelguistas depusieron su actitud y volvieron a sus puestos de trabajo.
