Todos los pasajeros de Balears afectados por la huelga salvaje e ilegal de controladores aéreos de 2010 podrán, según un pacto sellado ayer en la Audiencia de Palma, reclamar por los daños y perjuicios sufridos. La sección primera de la Audiencia fue escenario de la primera tanda de conformidades de 73 controladores, que han admitido un delito de abandono de servicio. Las admisiones de conformidades se irán produciendo en los próximos días y todo apunta a que el juicio oral, que iba a empezar el 3 de diciembre, no se hará.
La fiscal Amparo González negoció durante más de dos horas con las defensas de los acusados y las acusaciones y accedió a retirar los cargos contra 7 de los 80 encausados que se proclamaban inocentes y que no estaban dispuestos a pactar. Estas siete personas eran el obstáculo para conseguir una conformidad plena, dado que los otros 73 acusados ya se habían mostrado dispuestos a declararse culpables de un delito de abandono de servicio, penado con una simple multa.
Tarjetas de embarque
González puso también otra condición: que se cubrieran todas las responsabilidades civiles, incluidos los pasajeros que se personaron en la causa como acusación particular (309) y los que han permanecido ajenos al proceso.
Según fuentes jurídicas próximas al caso, los afectados de Balears podrán reclamar sus mil euros más los gastos si acreditan que realmente tuvieron esa condición. Para ello deberán aportar billetes, tarjetas de embarque y otras pruebas que demuestren que se quedaron en tierra por el paro ilegal, que afectó a todo el espacio aéreo español.
Las fuentes señalaron que no es muy probable que otros perjudicados acaben reclamando sus indemnizaciones, dados los casi 8 años transcurridos entre el paro y el juicio.
El sindicato Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que aglutina a la mayoría de los acusados, ratificó ayer, a través de su portavoz Daniel Zamit, que tiene habilitada una partida de 15 millones de euros para compensar a los viajeros de Madrid y Balears, las dos únicas regiones españolas donde siguen abiertas las causas penales. Como responsables civiles figuran Mapfre Global Risks y Aena.
Un bufete de abogados madrileño que ejerce la acusación en nombre de más de 200 afectados de las islas reclamaba diez mil euros de compensación por viajero. Ayer dos letrados de este despacho negociaron con José Antonio Choclán, defensor del grueso de encausados, la cuantía de las indemnizaciones. Finalmente las dos partes llegaron al acuerdo de los mil euros, más los gastos.
El pacto también incluye que los acusados y su aseguradora pagarán las costas de las acusaciones particulares, algunas de las cuales pueden ser muy elevadas.
En la causa está personada la Federación Hotelera de Mallorca, representada por Llorenç Salvà. Esta parte, al ser acusación popular, no puede reclamar indemnización por los enormes gastos que las compañías hoteleras tuvieron durante la crisis aérea al tener que regalar estancias a los turistas afectados. Los acusados sí abonaran las costas de la acusación popular.
Inicialmente la fiscalía imputaba a los 80 acusados un delito de sedición y pedía para ellos sendas penas de cuatro años de cárcel.
Amparo González, en su escrito de calificación provisional, dejaba abierta la puerta a que los hechos fueran un delito de abandono de servicio o puesto de trabajo por funcionarios, una infracción penal mucho más leve.
El acuerdo sellado ayer deja la huelga ilegal en un simple abandono de servicio. El tipo básico del artículo 409 de abandono colectivo del servicio es el aplicado a la mayoría de los encausados y dice textualmente: "Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses".
Satisfacción de los hoteleros
Por su parte, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) expresó su satisfacción por el acuerdo por el que los controladores aéreos aceptan una pena de multa por abandonar el servicio, porque supone que esta acción "no quede impune". La FEHM, personada en el proceso como acusación popular, subraya que siempre reclamó "la máxima contundencia y severidad" contra quienes "decidieron ausentarse de sus puestos de trabajo".
