La campaña de inspecciones contra el transporte pirata que durante este verano se ha realizado en el aeropuerto de Palma se ha saldado con 656 sanciones, por un valor global de 300.948 euros, según los datos facilitados por el conseller de Movilidad, Marc Pons, y el director general de Transportes, Jaume Mateu. Para calibrar si esa cifra es importante o no, el conseller aportó otro dato: en la campaña de 2017 se detectaron 48 infracciones en esas instalaciones con multas por valor de 79.580 euros, y en 2016 únicamente hubo dos sanciones.
La inmensa mayoría de estas faltas son cometidas por empresas de transporte discrecional que operan con microbuses. En concreto, en este sector se han registrado 618 sanciones, aunque en su mayor parte corresponden a problemas en su documentación, como falta de datos en algunas de sus facturas o la inexistencia de estas últimas.
Pero en 14 de estos expedientes, la multa viene por comportamientos detectados por los inspectores desplazados a Son Sant Joan en los que se vulnera la normativa vigente. En concreto, hay 13 casos vinculados a la captación ilegal de clientes en las instalaciones aeroportuarias y uno en la que se realizaba la venta por plazas (una práctica prohibida que consiste en ir buscando clientes de forma individual hasta llenar el vehículo, cuando la contratación del discrecional debe de ser previa y para grupos). Estas infracciones se sancionan con una media de 1.000 euros en cada caso.
Además, se ha comprobado que las empresas de microbuses que hace esa captación de clientes no las anotan en el libro de ruta o no las facturan correctamente, lo que supuesto multas por valor de 238.996 euros a ocho de ellas.
Por lo que respecta a las infracciones detectadas en los vehículos de alquiler con conductor (VTC), ascienden a 22, de las que cuatro corresponden a automóviles que no tenían autorización para prestar este servicio, siete por tratarse de coches llegados de la península que habían superado el tiempo máximo para permanecer en la isla, y otros siete que no habían comunicado su entrada en Balears para poder ser controlados en este tiempo máximo, entre otras infracciones.
Finalmente, las sanciones sobre el sector del taxi ascienden a 16. Nueve de ellas corresponden a los de Palma y siete a los de la part forana. En este apartado, hay un caso de un vehículo sin autorización, a lo que hay que sumar sanciones por incumplir las tarifas estipuladas o no exhibir la lista de precios.
Los dos responsables de la Conselleria pusieron en valor el trabajo realizado por los inspectores. Hay que recordar que este verano su plantilla se ha incrementado con dos más y un auxiliar, que han actuado sin ningún uniforme que los identifique. Pero no se oculto que eso ha provocado situaciones de tensión con los sancionados que no se habían registrado anteriormente. Hay que recordar que a principios del verano incluso fueron grabados en video para subir las imagenes a internet y ser identificados.
La explicación a este fuerte incremento en el número de infracciones detectadas en el aeropuerto entre mayo y septiembre, de un 1.266% si se compara con las cifras de 2017, se explica por el cambio de estrategia que se ha llevado a cabo a la hora de planificar los controles, al centrarlos en la actividad que se produce en las instalaciones aeroportuarias, a lo que se suma la citada presencia de inspectores de paisano. En este aspecto, se ha destacado también la colaboración prestada por el propio aeropuerto, por la Guardia Civil y por la Policía local de Palma.
Un dato a tener en cuenta es que este incremento de las multas se ha producido pese a haber reducido el número de vehículos controlados, que han pasado de los 412 de 2017 a los 342 del presente ejercicio.
Todos estos datos han sido facilitados tras la reunión celebrada por la por la Comisión para la Lucha contra el Intrusismo, de la que también forman parte las asociaciones de transportistas, y en el que uno de los temas que se han planteado es la posibilidad de proponer un aumento en el importe de las multas, que viene fijado desde la Administración estatal.
