La Audiencia de Palma juzgará a partir del lunes a 82 controladores aéreos acusados de sedición y coacciones, y alternativamente de abandono del servicio público, por el caos en los aeropuertos baleares generado cuando dejaron de realizar sus funciones en el puente de diciembre de 2010.

De los 82 acusados, 74 se han avenido a admitir el delito de abandono del servicio y a abonar cuantiosas indemnizaciones a los afectados a cambio de rebajas de las peticiones de condena por parte de la fiscalía y las acusaciones particulares, y rubricarán acuerdos de conformidad.

Las solicitudes de pena variarán en función de que los encausados fueran inductores o meramente seguidores de los directivos de la Unión Sindical de Controladores Aéreos . El sindicato ha pagado ya 15 millones de euros de indemnización que cubren tanto a los perjudicados en Madrid como en Baleares.

Los hechos ocurrieron al inicio del puente de la Constitución de 2010, tras varios meses de conflicto laboral entre Aena y el colectivo de controladores por la regulación de las jornadas de trabajo. El juez instructor apreció "indicios bastantes" para entender que varios representantes sindicales convocaron a los controladores de Palma, Ibiza y Menorca y como medida de presión a Aena y al Gobierno "decidieron, de forma conjunta y coordinada, en las asambleas que tuvieron lugar en los tres aeropuertos, paralizar el tráfico aéreo español sin tener en cuenta las repercusiones que ello tendría".