José María Rodríguez, el exsecretario general y todopoderoso dirigente durante décadas del PP balear, se defenderá hoy ante la Audiencia de las acusaciones dirigidas contra él por el arrepentido Daniel Mercado, que hizo las campañas electorales de esa fuerza de 2003 y 2007, y de los documentos obrantes en el sumario que le incriminan.
El "duelo" dialéctico entre Rodríguez y los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Miguel Ángel Subirán y la abogada del Govern María Ángeles Berrocal promete ser antológico.
Rodríguez, defendido por José Manuel Madroñero, siempre se ha declarado inocente del caso Over en el que fue imputado por el juez José Castro hace ahora seis años.
Desde el primer minuto Rodriguez se declaró inocente de esas acusaciones, básicamente dar un trato de favor a Mercado, el cerebro de la exitosa campaña electoral del PP en 2003, con contratos de su conselleria de Interior. El exidirigente conservador se querelló por calumnias contra Mercado, pero su querella no fue admitida a trámite.
Pagos en negro
Mercado, el pasado martes, aseguró al tribunal que Rodríguez y el cuñado de Matas, Fernando Areal, ya condenado por financiación ilegal del PP a través de la agencia Nimbus, le hicieron pagos por trabajos electorales en negro. Jaume Matas, quien puso en contacto a su cuñado (tesorero del PP) y a Rodríguez con su publicista de cabecera, dijo el miércoles que los pagos en negro solo los había hecho Areal y que por eso ya había sido condenado.
El también exsenador autonómico Rodríguez negará hoy esos pagos en negro y haber dado a dedo contratos a Over, para compensarle de 80.000 euros que le debía el PP tras los comicios.
En el sumario también figuran esquemas contables de Over donde aparecen los cobros en B y la cantidad de 80.000 euros que le adeudaba el PP insular, correos electrónicos y mensajes escritos (tarjetones) sobre los contactos y conversaciones con Rodríguez y su jefa de gabinete María Luisa de Miguel, defendida por Miquel Arbona. El exdelegado del Gobierno en Palma y De Miguel, exesposa de Javier Rodrigo de Santos, mantendrán su inocencia.
En el caso de la segunda existen dudas sobre la falsificación de una firma obrante en un documento de un expediente.
