La abogada del Estado, Dolores Ripoll, reclama una condena de seis años de prisión, más el pago de una elevada cuota económica, al propietario del conocido restaurante arrocería Nimo's, ubicado en la barriada palmesana de Cas Capiscol, al que imputa tres delitos tributarios. Hacienda responsabiliza al conocido restaurador Vicente Guerra de no haber declarado en tres ejercicios prácticamente más de la mitad de los ingresos que tuvo el negocio, superando los límites del delito fiscal. La cuota supuestamente defraudada supera el medio millón de euros, suma que reclama ahora la Agencia Tributaria, más la multa y los intereses.

El abogado defensor Jaime Campaner niega la comisión de dicho delito, por cuanto sostiene que Hacienda ha inflado la cuota defrauda, porque los ingresos del restaurante no fueron tan elevados, ya que la inspección no contabilizó una serie de gastos que se generan en el restaurante, sobre todo en el pago de trabajadores. De hecho, el propio restaurador llegó a reconocer ayer un fraude laboral, por cuanto paga una parte elevada del sueldo de sus trabajadores en dinero en metálico. La mayoría de estos empleados, según se desveló ayer en el juicio, firman un contrato de cuatro horas de trabajo, pero la jornada se prolonga mucho más tiempo. Este trabajo extra se abona con dinero negro y estos ingresos no aparecen reflejados en la nómina. El empresario ya fue sancionado hace años por la Seguridad Social por este sistema de pago a sus empleados. Sin embargo, según confesó Guerra, ha continuado utilizando el mismo método.

A pesar de que, en cierta forma, la defensa reconoce un fraude laboral por pagos en negro, su estrategia en el juicio celebrado ayer estaba dirigida a demostrar que los beneficios que le atribuye Hacienda a su cliente, de alrededor del 40 por ciento, no son tan elevados, puesto que no se ha contabilizado el coste de las horas extras que se abonaban a los trabajadores.

La empresa de Vicente Guerra, que llegó a controlar hasta cinco restaurantes en Palma, entró en concurso voluntario en el año 2008 por la acumulación de pérdidas. El administrador judicial explicó ayer que se tuvieron que cerrar cuatro de estos restaurantes, porque eran inviables, y el único que funcionaba era el de Cas Capiscol. Explicó que el local estaba sobredimensionado porque estaba pensado para dar servicio a los cinco restaurantes. Esta situación eleva los gastos de mantenimiento y, por tanto, reduce los beneficios. El administrador judicial señaló que el empresario perdió mucha clientela durante la época de crisis, lo que le obligó a cambiar el estilo del negocio. También puso en duda las cifras de beneficio que señalaba Hacienda. Explicó que se trata de un negocio muy estacional y aunque puede haber muchos ingresos, también hay muchos gastos.

El empresario, en su declaración, señaló que nunca ha querido ocultar ingresos y afirmó que las cuotas impagadas que le atribuye Hacienda no eran correctas, dado que le aplica unos beneficios económicos que no eran ciertos. Explicó que carece de bienes. "No tengo ni casa ni coche. Después de 50 años trabajando solo me quedan 900 euros al mes", lamentó.

Hacienda le acusa de no haber colaborado con los funcionarios de la inspección tributaria.