Jaume Matas ha confesado ante un tribunal que el Partido Popular que él presidió se financió ilegalmente. Sin embargo, los delitos con los que se castigan dicha financiación ilegal no le va a suponer cumplir ni un solo día de cárcel, pese a que inicialmente la fiscalía Anticorrupción le reclamaba una condena de diez años de prisión.

Matas ha logrado alcanzar un acuerdo con las acusaciones, es decir, con la fiscalía y con el Govern, de tal forma que los dos años y medio de prisión que acepta, se van a sustituir con una multa de 18.000 euros. A esta cifra hay que sumarle otros 10.000 euros, que ya ha abonado, que corresponden a su cuota de responsabilidad por el perjuicio que ocasionó a la comunidad autónoma que él presidía por la contratación irregular de la empresa de publicidad Over, la misma que planificó la campaña electoral que le llevó a recuperar el poder político de Balears en el año 2003.

La presidenta del tribunal, la juez Mónica de la Serna, le preguntó expresamente a Matas si aceptaba los hechos, la calificación jurídica y las penas. Su respuesta fue contundente: "Absolutamente", con lo que reconocía expresamente su responsabilidad en la financiación irregular del partido con el llegó a la presidencia del Govern.

Ayer fue la primera vez que Matas, por su condición de preso, era conducido a presencia de un tribunal escoltado por la Policía. Antes del inicio del juicio del caso Over su abogado José Zaforteza ultimó el acuerdo que venía negociando desde hacía semanas con la fiscalía. Matas iba a confesarse culpable y asumiría el pago de los daños económicos que había ocasionado, a cambio de una sustancial rebaja en el escrito de acusación.

El acuerdo representaba que el expresident se iba a declarar culpable de los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración por haber ordenado que las consellerias del Govern que él dirigía contrataran los servicios de la empresa de publicidad Over, para compensarla por los gastos que no se habían pagado de la campaña electoral del PP en la que él figuraba como cabeza de cartel. La sustitución de la pena de prisión por el pago de una multa debe ser aceptada por el tribunal. Al inicio del juicio, Matas, su abogado y el fiscal entregaron a las tres magistradas un documento firmado para convencerlas de que se daban todas las condiciones para que se apruebe esta sustitución.

En el escrito se detalla que los hechos se cometieron hace más de 13 años en el desempeño de "altas funciones públicas", y además se incide en que el acusado, que ya ha ingresado en prisión, no puede volver a ocupar un cargo de responsabilidad política porque ha sido inhabilitado. "Los fines de prevención y reinserción social no son frustrados con la aplicación de la sustitución", señala el escrito, que también recuerda que al expresident se le han aplicado las atenuantes de reparación del daño y dilaciones indebidas, "lo que debe ser valorado para atemperar la gravedad y rigor de las penas".

De los seis acusados del juicio del caso Over, tres de ellos han pactado con la fiscalía, pero los otros tres quieren defender su inocencia. Este es el caso de José María Rodríguez,exconseller de Interior y hasta hace poco presidente del PP de Palma, a quien la fiscalía reclama cinco años de prisión por la contratación irregular de la empresa Over. Precisamente, el propietario de esta empresa Daniel Mercado, que declarará hoy, es uno de los acusados que se ha conformado con la pena de prisión que le reclaman, que se va a sustituir con el pago de una multa de 5.400 euros. La misma estrategia ha seguido Encarnación Padilla, cuñada de Jaume Matas, que también con el pago de una multa de 3.360 euros evita la posibilidad de ir a prisión. Los otros dos acusados que no se conforman son la exsecretaria general de Interior, María Luisa de Miguel, y la exjefa de prensa de Salut, Marisa Durán.