La fiscal que ha representado la acusación en el juicio por la muerte de un menor en es Pinaret ratificó ayer su acusación por homicidio imprudente contra la exdirectora del centro, a la que responsabiliza de este suceso. Tanto para la exdirectora, como para el exjefe de mantenimiento del centro de reclusión de adolescentes, reclama dos años de prisión para cada uno. Las defensas, en cambio, solicitan la absolución porque entienden que no se puede responsabilizar a los acusados de las carencias, por falta de medios en unas instalaciones antiguas, de la muerte de este menor, que falleció como consecuencia del incendio que él mismo provocó al quemar un colchón.

El juez Eduardo Calderón, que declaró el juicio visto para sentencia, escuchó antes del informe de los letrados la declaración de los técnicos de la Guardia Civil que realizaron un informe del lugar del incendio. Los agentes señalaron, al igual que habían hecho sus compañeros, las numerosas deficiencias que tenía el lugar donde murió el adolescente. Confirmaron que ni el sistema de alarma, ni el de aviso de incendio, funcionaban, además de que la instancia carecía de instalación eléctrica, dado que meses antes se había decidido retirar los cables.

Instalación averiada

Sobre el colchón, uno de los peritos detalló que a su juicio no era ignífugo, dado que no encontraron ningún resto de un revestimiento, por lo que entendía que se trataba de espuma. Explicó también que el técnico de la empresa que se encargaba del mantenimiento del sistema de alarma confirmó que la instalación estaba averiada, no solo en esa celda, sino en todo el módulo donde ocurrió el suceso. Además, la avería no era reciente, sino que se había estropeado meses atrás y que por ello colocó una pegatina avisando de la avería. Dicha pegatina fue retirada después del incendio por el jefe de mantenimiento.

La fiscal insistió en su informe en las numerosas carencias y graves deficiencias que padecía este módulo del centro de reclusión de menores, una situación que no debió ser ajena ni a la directora, ni tampoco al jefe de mantenimiento. Cuestionó que los dos acusados declararan en el juicio que desconocían que el sistema de alarma estuviera averiado y que no conocieran la presencia de la etiqueta que había colgado el técnico.

Por su parte, los abogados defensores sostuvieron que no se podía responsabilizar de las carencias del edificio, que estaba obsoleto, a sus clientes, dado que no dependía de ellos, sino del departamento de gerencia, invertir en la mejora de las instalaciones del centro.