Inmaculada Cuenca, la agente de la Policía Local que demandó al Ayuntamiento de Palma por mobbing, está desesperada. Y razón tiene para ello. Lleva 40 meses esperando a que un juez le dé o le quite la razón frente a la demanda que presentó contra Cort, ya que responsabiliza a un inspector de la Policía Local de haberla sometido a un acoso laboral que le ha provocado una profunda depresión, que va agravándose día a día, y que en estos momentos la incapacita para volver a vestir el uniforme policial. El juicio, que duró nueve horas con la declaración de todos los testigos ( propuestos por ambas partes), se celebró en el mes de julio del año 2015. Han pasado tres años y casi cuatro meses y todavía no se ha dictado sentencia. Pero es que, además, el juez que celebró el juicio y que era el que debía valorar la prueba, ya no está en el juzgado. Ocupa otro destino. La sentencia la dictará un magistrado de Madrid, en comisión de servicios, que no ha escuchado a ningún testigo y que tendrá que pronunciarse sobre unos hechos analizando la grabación del juicio que se celebró, en su mayor parte, en catalán.
Esta mujer lleva casi 40 años como funcionaria. Formó parte de la primera promoción de mujeres que entró en la Policía Local de Palma. Aunque ahora lleva más de una década de baja laboral, tomando decenas de pastillas, su hoja de servicios está repleta de felicitaciones. Pasó 22 años en la unidad de atestados, sufriendo varios accidentes de tráfico, y no hay día que no tenga dolor por las secuelas que aún arrastra.
Pero no es el dolor físico lo que le impide recuperarse, sino el psicológico. Inmaculada acusa a un inspector de la Policía Local de ser el responsable de su enfermedad psicológica y por ello se querelló contra él por mobbing. Se queja de que ningún juez le haya llamado nunca a declarar, para poder explicar las razones por las que ha llegado a este deplorable estado.
Debido a que la querella que presentó contra su jefe se archivó, decidió presentar una demanda y lo hizo contra Cort. Su abogado, David Salvà, reclama 600.000 euros de indemnización al Ayuntamiento, porque en el cuartel de San Fernando no se adoptó ni una sola de las medidas en materia de riesgos laborales. El abogado sostiene que, si en su momento dichas medidas preventivas se hubieran aplicado, su clienta no tendría las secuelas psicológicas que sufre y que la incapacitan para volver a ser policía.
Otro juez distinto
Para Inmaculada Cuenca no tiene ningún sentido que haya pasado tanto tiempo desde que se celebró el juicio y que la sentencia la tenga que dictar ahora un juez que no ha escuchado a ninguno de los testigos.
A pesar de las quejas de su abogado, no se ha conseguido evitar que tenga que ser este juez de Madrid, en comisión de servicios adscrito al juzgado de lo contencioso de Palma, el que resuelva este caso. "Parece que todos los jueces sienten una profunda inquina hacia mí y no se la razón de ello", se queja la agente, que insiste en que "lo único que busco es que alguien me escuche para que le pueda explicar el acoso que sufrí".
La mujer mantiene que sus problemas derivan de la decisión de no cumplir una orden, que entendía absurda. El inspector ordenó, según ella, que los policías que estaban en su unidad dejaran de saludar a dos compañeros. El motivo era que el mando perdió el control del grupo de escoltas de la entonces alcaldesa Cirer, que decidió elegir a estos dos policías para que la protegieran, en contra del criterio del inspector. Inmaculada Cuenca se negó a dejar de saludar a dos compañeros, con los que mantenía una buena relación.
Inmaculada asegura que lo último que le preocupa es el dinero. Lo que pretende es que un juez determine que si está como está, empeorando cada día, tanto física como psicológicamente, es consecuencia del acoso laboral al que le sometió el inspector de la Policía Local. "No es normal que de un día para otro pase de ser una funcionaria ejemplar a una inútil. Nadie puede imaginarse lo que yo he pasado y el acoso que he sufrido", asegura.
Por si fueran pocos los problemas que sufre, al estar de baja tanto tiempo, el Ayuntamiento le dejó de pagar unos complementos que venía cobrando, lo que al mes representa unos 500 euros. Ha llevado el caso a los tribunales y lo ha perdido. Aunque lleva casi 40 meses esperando sentencia sobre la demanda de mobbing, Inmaculada asegura que no cesará hasta que quede muy claro que sus graves problemas de salud están directamente relacionados con el acoso laboral que sufrió. "Me siento destrozada en todos los sentidos", explica.
