El sinvergüenza (presunto) que es protagonista de la estafa en Mallorca de venta de casas sobre plano que nunca se entregaron ni tampoco comenzaron a construirse, por la simple razón de que ni siquiera era dueño de los terrenos en que se suponía que habrían de levantarse las casas y los chalets, se encuentra huido, como se sabe. Si la cooperación internacional en materia de Justicia funcionase bien, el cerebro de la que se conoce ya como caso Lujo Casa —que parece un chiste pero no lo es— estaría a disposición del juez y es probable que en prisión provisional. Resulta de un sarcasmo doloroso que haya podido sondear ante un profesional del Derecho su posible entrega a la policía, y más aún que como resultado de la consulta haya tomado la decisión de permanecer oculto. Si se encuentra en España, porque en el mundo globalizado de hoy se antoja casi imposible no dejar huellas de la fuga. Pero podría ser que no, que hubiese cruzado las fronteras en busca de asilo. De ser así, le ampara de sobras el tremendo antecedente de lo que ha sucedido con las órdenes europeas de busca y captura para poder repatriar a los (presuntos) delincuentes Puigdemont, Valtonyc y demás turistas del apartado de huida judicial.
Esa especie de patente de corso que hace que hablemos de Carlos García Roldán en términos hipotéticos sobre su futuro como imputado se añade a varias otras circunstancias que hacen de Lujo Casa un ejemplo de la picaresca contemporánea. Habrá quien piense que los estafados en las operaciones inmobiliarias que nunca existieron más allá del nivel del engaño son víctimas de su propia indolencia, que deberían haber comprobado —acudiendo al Registro de la Propiedad, por ejemplo— si el sinvergüenza de marras (déjenme ahorrarme lo de presunto, una vez que ya se ha establecido al principio de este comentario) era dueño de los solares. Pero lo cierto es que resulta tan absurdo como posible que en este mundo extragarantista en el que vivimos, en el que es necesario acreditar ante la administración hasta el más nimio detalle, resulte posible anunciarse, tener una oficina y atender a los clientes con castillos de humo edificados en el aire. Por desgracia no es el primer caso, ni será el último, en el que una operación inmobiliaria se lleva a cabo anunciando la construcción de viviendas en solares de momento —y quién sabe si para siempre— de propiedad ajena. Tampoco sería tan difícil impedir semejantes prácticas.
Otra cosa es la de la inversión en dinero negro. Impidió en casos anteriores, como el caso Brokerval —uno de los más sonados en los que se intentó el blanqueo de capitales por medio de operaciones especulativas—, denunciar siquiera la inversión realizada porque se corría el riesgo de denunciarse a sí mismo. En tiempos, fue de lo más común realizar compraventas inmobiliarias dando una parte del pago bajo la mesa hasta que Hacienda, los ayuntamientos y los notarios se tomaron en serio la necesidad de control. Cada vez va a ser más difícil no ya comprar un chalet sino hasta un automóvil pagando en efectivo y hay países, como los Estados Unidos, en los que te miran como reo de narcotráfico si quieres pagar así la cena. Poca lástima dan quienes han sido atrapados en el apaño de Lujo Casa de esa forma. Pero no deberíamos estar hablando de piedad sino de justicia y de cómo lograr que nadie escape a ella. Un aspecto en el que, a juzgar una vez más por lo visto en este asunto, nos queda mucho trabajo por delante.
