El dueño de Miguel Socías Soler, una distribuidora y manipuladora de alimentos de Inca investigada desde febrero por un presunto delito contra la salud pública por alterar etiquetas y vender productos caducados, está negociando un acuerdo de conformidad con la fiscalía y la acusación particular en nombre del Govern.

El investigado, defendido por Diego Wencesblat, admitió en el juzgado de instrucción 1 de Inca que reetiquetó de manera ilegal alimentos a punto de caducar para revenderlos después. La jueza Olga Vicario abrió el pasado 22 de febrero diligencias tras recibir una denuncia de la dirección general de Salud Pública de la conselleria de Salud por un presunto delito relacionado con los alimentos. La empresa fue clausurada unas semanas y después reabrió.