La conselleria de Salud Pública y Participación del Govern ha pedido al juez de instrucción 11 de Palma que decrete el cierre cautelar de Cárnicas Vicente, una empresa investigada por varios delitos entre ellos contra la salud pública, por venta de carne en deficiente estado; estafa a sus clientes; y contra los derechos de los trabajadores. Cárnicas Vicente permanece inactiva desde el pasado marzo, cuando fue objeto de una operación de la Policía y el Govern y fue detenido su propietario, Vicente T., y que ha despedido a su plantilla.
El mayorista cárnico está situado en Marratxí y entre sus clientes tenía restaurantes y hoteles de lujo, así como los comedores de varios centros escolares, entre ellos uno de Algaida.
El Govern decidió personarse como acusación particular contra los investigados, Vicente T., defendido por Antoni Monserrat, y algunos de sus empleados. Ahora ha pedido al magistrado Juan Ignacio Lope Sola que ordene el cierre judicial de la industria cárnica por el grave riesgo para la salud pública que supondría su actividad.
De forma paralela, la conselleria de Salud Pública está sometiendo a Cárnicas Vicente a numerosas inspecciones sobre sus instalaciones, cámaras frigoríficas y protocolos de funcionamiento. El Govern ya decretó en su día la clausura administrativa del mayorista, pero ahora quiere que el juzgado disponga idéntica medida cautelar.
Dos testigos del Govern
Ayer prestaron declaración ante el juez dos funcionarios de la conselleria de Salud Pública, entre ellos el inspector encargado de este expediente. Este testigo explicó al instructor las presuntas irregularidades que se cometían en esta empresa. La operación policial permitió intervenir, según el testigo, 27 toneladas de carne en mal estado. La otra compareciente es una funcionaria de la Conselleria que también habló sobre las anomalías detectadas en la mayorista cárnica.
Los investigadores sospechan que Cárnicas Vicente compraba carne a punto de caducar, la congelaba, la descongelaba y la vendía como fresca.
Para camuflar esas manipulaciones alteraba las etiquetas de las partidas para darles un plazo de caducidad nuevo. Empleados de la industria han reconocido que se alteraban esas etiquetas, incluso con el conocimiento de un inspector de Sanidad, asiduo visitante y cliente. También se mezclaba la carne picada de ternera con casquería de pollo y si una partida se devolvía por su mal estado se volvía a vender.
