Representantes del Govern y del sector empresarial balear van a acudir de la mano durante la próxima semana ante el ministerio de Fomento para reclamar que en el archipiélago se supriman los denominados "mínimis" en las subvenciones que se conceden al transporte, es decir, el tope máximo por el cual ninguna empresa puede recibir ayudas en esta materia por un valor superior a los 200.000 euros en tres años. Según pone de relieve el conseller de Movilidad, Marc Pons, lo que está en juego es la posibilidad de que las empresas de Balears puedan competir en igualdad de condiciones con las de la península, y lo que se reclama no es más que conseguir que la situación de Balears sea la misma que la de Canarias.

Pons afirma que en las islas es normal encontrar empresas que podrían recibir subvenciones por valor de 400.000 o 500.000 euros en ese plazo de tres ejercicios fiscales, sin que ello les suponga una ventaja competitiva. Bien al contrario, el titular de Movilidad precisa que alcanzar subvenciones de ese calado es necesario para que puedan competir en el exterior. Por ello, el objetivo de empresarios y Administración autonómica es lograr que Balears no tenga topes máximos, como tampoco los tiene Canarias.

Pero este no es el único punto de consenso existente entre sector público y privado del archipiélago. El jueves por la tarde representantes de la federación balear de transportes mantuvieron un encuentro con Marc Pons para entregarle el estudio elaborado por tres profesores de la Universitat en relación a los costes de la insularidad, junto a una copia destinada a la consellera de Hacienda, Catalina Cladera, que será utilizado en la reunión con Fomento.

En ese informe, del que se desprende que las islas pagan cuatro veces más por el transporte que las autonomías de la península, se contemplan diferentes propuestas, y una de ellas es que se vigile el comportamiento de las dos navieras que dan servicio al archipiélago, como son Baleària y Trasmediterránea, para evitar posibles pactos para el reparto del mercado, al tiempo que se reclama una mayor transparencia en su sistema de precios. Marc Pons aseguró que esa vigilancia se va a aplicar para comprobar que existe una competencia real entre ellas.

Otra de las medidas que se solicitan es la creación de un centro logístico, consistente en un espacio donde los camiones de Mallorca puedan permanecer estacionados y contar además con una central de compra para situar allí una gasolinera con precios competitivos o un taller con recambios.

Pues bien, Pons asegura que su departamento ya ha puesto en marcha los estudios pertinentes para analizar la viabilidad de esta iniciativa, y evitar la situación actual, con una dispersión de vehículos pesados por los diferentes polígonos de la isla.

Otra de las demandas en estudio es la reclamación de que el futuro Régimen Especial de Balears contemple que el precio del carburante no supere en las islas la media de España, una reivindicación que está siendo analizada por el departamento que lidera la consellera Cladera.