El nuevo diseño del transporte regular de Mallorca que debe de marcar este servicio hasta el año 2034, y que debía comenzar a operar a partir del próximo 1 de enero, se va a retrasar unos meses. Una decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos de Contratación, que depende del ministerio de Hacienda, obliga a la conselleria de Movilidad a poner el contador a cero y reiniciar todo el proceso de adjudicación de las nuevas concesiones que se ocuparán de enlazar las poblaciones de Mallorca en autocar, según ha reconocido el titular de este departamento, Marc Pons.

En cualquier caso, el conseller resta dramatismo al obstáculo con el que se han encontrado: aunque hay serias dudas de que el nuevo sistema de transporte regular pueda estar operativo el día 1 de enero, se va a hacer lo posible para que esté en funcionamiento en Semana Santa, dado que se espera que la demora sea de unos pocos meses, aunque Pons ya se cura en salud y prefiere no facilitar un nuevo calendario.

Para poner en antecedentes, hay que recordar que actualmente hay 16 concesiones de líneas de autocar que están en manos de ocho empresas. La pretensión del Govern es reducir a tres estas concesiones, para que agrupen a líneas muy rentables con otras que no lo son tanto, permitiendo así reforzar las segundas. Estos nuevos servicios, además, deberán ser prestados por flotas de autocares en las que un 80% de estos vehículos sean nuevos. Lo que se juega son concesiones por diez años, con un coste de 479 millones de euros para la Comunitat Autònoma a lo largo de ese plazo, que además es prorrogable por otros cinco ejercicios.

El pliego de condiciones fijaba que cada uno de estos tres grandes lotes de rutas debía recaer en una empresa diferente, sin que una misma compañía pueda disfrutar de dos concesiones para evitar situaciones próximas al monopolio. Pero se fijaba una excepción: si una empresa gana en dos de esas concesiones, se le permite elegir la que prefiere, pero si la otra entonces queda desierta, sí podría operar en las dos. Esta última cláusula es la que el citado Tribunal de Contratación ha tumbado (no permite la duplicidad), exigiendo que se modifiquen esas condiciones de adjudicación, lo que supone volver a iniciar todo un proceso que se inició el pasado junio.

A este concurso se han presentado 25 grupos empresariales (en un 60% de ellos aparece alguna firma mallorquina) para hacerse con las tres concesiones. El Govern se está poniendo en contacto con ellas para comunicarles que todo el proceso de inicia de nuevo y que deben de volver a presentar sus ofertas, para lo que se va a disponer de un plazo de un mes.

El conseller Pons indica que se va a contactar también con las actuales concesionarias de las rutas de transporte regular para que prorroguen sus servicios y mantengan operativas estas líneas hasta que se puedan adjudicar a las nuevas compañías de transporte.

Marc Pons no oculta que la decisión del citado tribunal "nos ha roto el calendario", pero defiende que una demora de unos meses en la puesta en marcha de un nuevo servicio que se va a mantener previsiblemente durante 15 años es asumible. Al respecto, subraya la necesidad de que este proceso se realice de una forma óptima, ya que va a suponer el desembolso de 479 millones de euros en diez años antes señalado.