El juez Juan Manuel Sobrino, titular del juzgado de instrucción número 1 de Palma, ha dictado un auto por el que decide el archivo provisional del llamado caso Rocamar, que deriva de la compra, por parte de la conselleria de Turisme, de un edificio en ruinas del Port de Sóller. En esta investigación se intentaba aclarar si el Govern pagó un sobrecoste por la compra de este hotel abandonado. La decisión del juez se produce después de que las dos acusaciones personadas en la causa, la fiscalía y la abogacía de la comunidad autónoma, presentarán sendos escritos solicitando que se archivara el caso al no apreciar indicios de delito.

Ante la falta de acusación el magistrado se ve obligado a dar por concluida la investigación, descartando llevar al banquillo a los investigados, dado que ninguna de las dos acusaciones entiende que hubo delito en la operación económica impulsada por la conselleria de Turisme. Entre otros muchos imputados, por este caso estaban investigados los dos exconsellers de esta cartera del Govern del PP, Carlos Delgado y Jaime Martínez, que impulsaron la operación de compra a través del Consorcio Bolsa d´Allotjaments Turístics, dependiente de la conselleria. Ambos cargos políticos defendieron su inocencia.

A pesar de que se archiva el caso, el juez mantiene que detrás de esta operación, "existieron numerosas irregulariades", que se "tradujeron en una falta de transparencia, publicaidad y eficacia de dicha adjudicación, principios a los que deben responder las administraciones públicas". A pesar de que el juez venía denunciando en sus últimas resoluciones, no solo irregularidades administrativas, sino también claros indicios de delito, Sobrino señala que las "irregularidades conforme sostienen las dos acusaciones, no llegan a tener la consideración de delictivas".

El juez denunciaba que el Govern pagó un sobrecoste por el edificio, descartando el informe de un técnico que señalaba que del precio señalado como valor del inmueble, había que descontarle el presupuesto del derrumbe, que debía ir a cargo del dueño del hotel. Sobre este edificio abandonado pesaba una carga de un préstamo que concedió el empresario, ya fallecido, Jaime Enseñat al dueño del inmueble. Enseñat era el padre del entonces jefe de la Inspección de la conselleria de Turisme. El Govern abonó por el edificio prácticamente la misma cantidad del préstamo concedido por el empresario, haciéndose cargo después del coste del derrumbe. El juez sostenía que el derrumbe se pagó dos veces y que no era casual que coincidiera el valor que había dado el Govern a esta operación con la cantidad que debía el dueño del edificio.

La fiscalía Anticorrupción, que presentó en su día esta denuncia, presentó hace varias semanas un escrito, adheriéndose al archivo solicitado por uno de los investigados. La fiscalía sostenía que no había delito por cuanto se había demostrado que el Govern no podía pagar un precio inferior para hacerse con este edificio, ya que sobre el inmueble pesaba una carga, de alrededor de 900.000 euros, por el préstamo que recibió el antiguo propietario del Rocamar. El Govern, por su parte, concluyó también que no existió ningún tipo de perjuicio.