La presidenta del Govern, Francina Armengol, en persona, fue la que ordenó paralizar la puesta en marcha de los llamados impuestos verdes que reclamaban Més y Podemos. El principal motivo es que desde Presidencia consideraron que a un año de las elecciones no era el momento idóneo para aplicar nuevos impuestos, según fuentes del Pacto. Todo el proceso estaba muy avanzado e incluso la conselleria de Hacienda, que dirige Catalina Cladera, realizó un minucioso estudio de los impuestos donde el Govern podría haber recaudado hasta 30 millones de euros. Solo con la tasa de aplicación a los coches de alquiler, el Govern habría ingresado 19 millones al año.
Armengol negó que hubiera sido por motivos electorales: "Se descartó debido a que algunos de los impuestos se solapaban entre ellos y otros, como el de telecomunicaciones, Cataluña lo aprobó y fue recurrido por el Estado". La presidenta añadió también que "en esta legislatura ya se ha aplicado la ecotasa como impuesto ambiental". La jefa del Ejecutivo autonómico no quiso entrar en si los verdaderos motivos de aparcar estos impuestos eran de carácter político y electoral, como aseguran desde las formaciones que dan apoyo a su Govern.
Efectivamente, Podemos y Més querían que estos impuestos verdes se aplicaran durante la actual legislatura, ya que era una reivindicación de las bases de ambos partidos. De hecho, en los acuerdos del Pacto, conocidos como Acords pel Canvi, nacionalistas y podemitas ya lucharon para incluir la aplicación de estos impuestos durante el actual mandato. Sin embargo, las reticencias socialistas lo dejaron solo en estudiar la viabilidad de su entrada en vigor antes de 2019. Fuentes de Més aseguraron a este periódico que "el PSOE rebajó en el Pacto la aplicación de los impuestos a solo estudiar su viabilidad. Al final todo ha quedado en eso, se ha estudiado, nada más". Armengol solo veía bien su aplicación en los primeros dos años de mandato, según sus socios.
Durante el pasado año Més y Podemos insistieron con el tema en las diferentes reuniones de seguimiento del Pacto y Hacienda, junto a la Agencia Tributaria, realizó el estudio que contempla hasta el mínimo detalle las formas de pago, a quien va dirigido y las actividades a gravar con cada uno de los impuestos. No obstante, desde Presidencia consideraron que no era el momento de aplicar nuevos impuestos en el último tramo de legislatura.
Informe de los impuestos verdes
El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, contemplaba hasta seis nuevos impuestos. El más relevante era el de la tasa a los coches de alquiler con una recaudación anual estimada de 19 millones de euros. La conselleria de Turismo que gestiona Més también había trabajado en la argumentación de esta tasa, ya que el informe sobre la regulación de los rent a car aconsejaba su aplicación como medida para poder controlar esta actividad que se ha desbordado en los últimos años.
El segundo tributo de mayor recaudación que se ha paralizado es el de un impuesto sobre los gases y partículas en la atmósfera que emiten los aviones de la aviación comercial. Según el estudio de Hacienda y la Agencia Tributaria de Balears se podrían recaudar hasta 3,7 millones de euros al año. Este impuesto estaba dirigido a las compañías que operen vuelos desde cualquiera de los aeropuertos de Balears. Cataluña es la única comunidad que aplica este gravamen a los vuelos comerciales.
Acto seguido encontramos en el informe de Hacienda otro impuesto donde el Govern pensaba recaudar 3,5 millones al año. Se trata del canon sobre la producción de residuos que se aplicaba sobre los restos municipales y sobre las toneladas de incineración que llegaban a Son Reus. Al final habría sido un tributo que se cargaría directamente a los ayuntamientos o bien se trasladaría al recibo de la basura.
Mediante el impuesto de tendidos eléctricos, el Ejecutivo balear consideraba que podría tener unos ingresos anuales de 1,5 millones. Este tributo ya lo aplican comunidades como Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Valencia. La finalidad de este gravamen, según el estudio de la conselleria Hacienda, era el fomento de las energías renovables. Estaba destinado a las compañías eléctricas que desarrollen la actividad de distribución y transporte de energía eléctrica mediante tendidos eléctricos. En definitiva, era un impuesto para Endesa, ya que estaban exentas los organismo dependientes de las administraciones públicas, como es el caso de Red Eléctrica.
El impuesto de emisiones contaminantes a la industria lo aplican Cataluña, Castilla la Mancha, Murcia, Aragón y Galicia. Estaba destinado a las grandes industrias que emitan oxido de carbono, de nitrógeno o de azufre a la atmósfera y contaban con recaudar 1,3 millones. Por último, se estudiaba el impuesto sobre telecomunicaciones con una recaudación estimada de un millón. Este tributo lo aplicó Cataluña y fue impugnado por el Estado. Estaba destinado a operadores de telefonía y servicios de comunicaciones electrónicas. Sus fondos estaban destinados a la industria audiovisual y al fomento de la cultura digital.
