Otro varapalo más a los planes del director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far. Después de los duros informes del Consell Consultiu y de la Sindicatura de Cuentas y de que los propios partidos del Pacto hayan presentado hasta 150 enmiendas contra la propuesta de reglamento para el funcionamiento del nuevo órgano antifraude, ahora es el Gobierno central quien cuestiona la legalidad del reglamento propuesto. Según el ministerio de Hacienda, el acceso a información bancaria o la promoción prevista para los funcionarios podrían ir "en contra del orden constitucional".
Dos informes del Ministerio de Hacienda, uno de la secretaría de Estado de Función Pública y otro de la subdirección general de Transparencia y Contenidos Web, ambos remitidos por la secretaría de Estado de Política Territorial alertan de ello al Govern balear. Las dos cuestiones en las que se centran, respectivamente, son "la regulación sobre promoción interna como procedimiento de incorporación a los puestos de trabajo de la oficina" y "la comunicación de datos personales por parte de las entidades bancarias o crediticias prevista". Mientras en el primer caso concluye que "la regulación es contraria al orden constitucional", en el segundo avisa que "no está amparada por ley".
El aviso de inconstitucionalidad y las pegas a la contratación del personal y al acceso a datos bancarios, no son una novedad. Consultiu y Sindicatura ya entraron en estas cuestiones y son algunos de los aspectos que los partidos del Pacto -PSIB, Més y Podem- quieren corregir con las más de 150 enmiendas presentadas.
La propuesta de reglamento fue elaborada por el propio director de la Oficina, Jaume Far, para su puesta en marcha, todavía pendiente dos años después de haber visto luz verde en el Parlament este órgano, fruto de los acuerdos del Pacto, y un año después de haber nombrado a Far al frente.
