Un juzgado de Palma ha intervenido numerosas cuentas corrientes con fondos y varias fincas que estaban a nombre de la presunta trama organizada que, en unos pocos meses, habría estafado más de 7 millones de euros a unos 200 particulares por la venta sobre plano de pisos y chalés en Mallorca. De forma paralela, la junta de jueces de instrucción de Palma decidió ayer por la mañana que el juzgado de instrucción 11 asuma la instrucción de todas las denuncias y querellas (cerca de 30) interpuestas contra la presunta trama de estafadores del caso Lujo Balear, liderada por el fugado Carlos García Roldán.
Los jueces aplicaron ayer el Código Penal y las normas de reparto que señalan que esta supuesta estafa se trataría de un delito continuado, perpetrado por los mismos acusados.
En consecuencia el juzgado de instrucción 11, que fue el que primero recibió una denuncia contra la supuesta trama encabezada por Carlos García Roldán y el empresario italiano Michele Pilato, se hará cargo de todo el caso.
La junta acordó también solicitar al Consejo General del Poder Judicial y al ministerio de Justicia que dote con refuerzos a instrucción 11 para afrontar una investigación que afecta a más de 150 perjudicados, decenas de sociedades y 17 promociones inmobiliarias. Los investigadores señalan que la cuantía del dinero desviado podría superar los 7 millones de euros.
Bienes intervenidos
Una de las prioridades de los investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida y judiciales ha sido, además de la captura de Roldán (que se presume ha huido al extranjero), recuperar la mayor cantidad posible de fondos e inmuebles a nombre de los investigados o sus numerosas sociedades.
Fruto de estas gestiones ha sido el bloqueo e intervención de más de un millón de euros, la mayoría en cuentas corrientes, así como el embargo cautelar de algunas fincas que sí estaban a nombre de la trama. Otros inmuebles no han podido ser intervenidos porque García Roldán y sus presuntos cómplices no eran sus dueños y solamente tenían opciones de compra sobre los mismos o ni tan si quiera eso.
Los problemas pueden surgir a la hora de repartir ese dinero entre las decenas de afectados, siempre que se condene a los investigados y a sus sociedades.
Los denunciantes entregaban diversas cantidades, entre los 20.000 y los 200.000 euros, a cuenta sobre el precio de unas viviendas que nunca se construyeron, aunque aparecían muy atractivas sobre plano.
Algunas de las cantidades recuperadas se sabe a quién pertenecían, pero otras sumas han ido a parar a cuentas comunes.
De momento, dos de los implicados, Michele Pilato y el constructor o maestro de obras José Antonio Mir, están en prisión preventiva desde el pasado 31 de agosto.
Los cargos que pesan sobre la supuesta trama son de estafa agravada por su cuantía y número de afectados, organización criminal, alzamiento de bienes, falsificación de documento y organización criminal, penados con elevadas condenas.
