Todo es muy enrevesado en el caso Contratos y eso, de por sí, ya es un mal síntoma. Complicada, nada clara y parca en justificaciones es la presunta fragmentación de contratos a favor de Jaume Garau, el gurú de la buena imagen electoral de Més, y complicada resulta la instrucción procesal de las querellas que han derivado del caso, ocasionando también fragmentaciones de las causas entre juzgados, posibles arbitrajes de órganos superiores y personaciones fluctuantes de las partes. Hay también una evidente pugna política a través de la cual el PP se afana en desgastar al máximo a Més.
Más complicado imposible. Difícil de entender y asimilar para el ciudadano medio que todavía debe soportar otros efectos colaterales de la trama en cuestión. Del comportamiento y declaraciones de los investigados en las querellas, y en especial del principal beneficiario de las fragmentaciones, parece desprenderse el mensaje de que en la habilidad de ingenio contable y burocrático organizado está su propia justificación. Nosotros lo hemos inventado y hemos sido capaces de llevarlo a la práctica. Este es nuestro mérito. Ya está bien.
Resulta inquietante que gestores públicos naveguen dentro de estas actitudes. Son comportamientos que invitan a avanzar en las instrucciones judiciales, por enrevesadas que sean, porque la gestión institucional debe ser nítida, igualitaria y transparente tanto en los asuntos menores como en los sustanciales o de superior calado y dimensión.
