El juez Pinsach proclama en su sentencia la necesidad de realizar una reflexión social, "mínimamente sensible", sobre la alta trascendencia que tiene el derecho y el deber a la educación. Por ello, considera que, ante la agresión a un profesional de la docencia, se debe dar una respuesta penal que esté a la altura de "tan relevante valor, para protección y tutela de quienes deberían ejercer tan digna función en las condiciones mínimas de dignidad, libertad y respeto, que sin duda merecen".
Precisamente, el juez describe con dureza el comportamiento del padre de este alumno, que al no estar conforme con una decisión de la profesora, amenazó a la docente diciéndole, textualmente: "te cogeré la cabeza y te retorceré el cuello, para pisarte y enterrarte bajo tierra. No me da miedo volver a la cárcel, ya estuve allí quince años..."
Precisamente, el tribunal ha podido comprobar que los padres que amenazaron a esta profesora del centro público de Palma ya no residen en Mallorca, ya que lo hacen ahora en Valencia, de allí que no tenga tanta trascendencia que se rechace una orden de alejamiento del centro donde se cometió la amenaza a la profesora. Los últimos informes han revelado que el pasado curso escolar se detectó un aumento, a razón de un quince por ciento, de los casos de acoso y violencia contra los educadores, según un estudio realizado por el defensor del profesor del sindicato docente Anpe. Se alertaba de la cantidad de conflictos que genera la creación de los grupos de whatsapp que crean los padres de alumnos que van al mismo curso, que muchas veces se utilizan como un medio para cuestionar el trabajo del profesor.
