Un juez de Palma aboga por condenar con contundencia a los padres de los alumnos que agreden o amenazan a los profesores de sus hijos por conflictos que se generan en los centros escolares. El magistrado Santiago Pinsach, integrante de la Sala Primera de la Audiencia, realiza una profunda reflexión sobre este conflicto entre padres y profesores y lo hace a través de una sentencia sobre un caso de una maestra de un centro público de Palma, que fue amenazada de muerte por los familiares de un alumno. La denuncia que presentó la profesora, en vez de tramitarse como un delito de atentado a la autoridad, se hizo a través del procedimiento de delito leve por malos tratos y atentado. Los padres fueron declarados culpables de una falta y se les impuso una sanción prácticamente simbólica, que consistió en el pago de una multa económica. Además, la magistrada que juzgó el caso entendió que no había razón para ordenar el alejamiento de los padres para que no pudieran acercarse al centro.

La Audiencia ha tenido que pronunciarse sobre este caso, porque la profesora recurrió la sentencia, pidiendo que se rectificara la decisión de no imponer una orden de alejamiento a los padres que la habían amenazado. Para explicar la situación que sufría en su trabajo, explicó que el día del juicio únicamente acudió la mujer, no así su marido, que ese mismo día apareció por el colegio presumiendo del dinero que manejaba, mostrando un fajo de billetes de cien euros. El hombre fue gritando que iba a denunciar al colegio por las decisiones que se habían adoptado sobre su hijo. Como consecuencia del incidente, ocurrido en el mes de diciembre del año pasado, el colegio ofreció a los padres la posibilidad de trasladar a sus dos hijos a otro centro, petición que fue rechazada. Esta negativa a cambiar de centro ocasionó a la profesora un sentimiento de preocupación, porque temía que la volvieran a amenazar. El magistrado de la Audiencia de Palma considera que la sentencia dictada por el juzgado de instrucción, al tratarse de un delito leve, no debe modificarse, porque valora que la decisión fue razonada.

Orden de alejamiento

Aun así, también entiende que es lógico que la profesora insista en que se dicte una orden de alejamiento de los padres, para asegurar su protección. El magistrado también señala que, aunque esta denuncia se tramitó por el procedimiento de falta leve, los hechos protagonizados por esta pareja, al amenazar de muerte a la maestra, rozan el delito de atentado contra la autoridad. Recuerda que en el año 2015 se aprobó una modificación del Código Penal, precisamente, para dar mayor protección al cuerpo de profesores, ante los ataques que venían sufriendo en su entorno profesional.

Por este motivo, el juez aboga por sancionar con más dureza este tipo de comportamientos de determinados padres y rechaza que estas agresiones o amenazas a los profesores únicamente se castiguen con penas de multas. "La mera sanción económica produce un efecto práctico de impunidad de la conductora merecedora de una mayor respuesta punitiva, ya que indirectamente desprotege a la víctima y refuerza al agresor". Es decir, aboga por sancionar con más contundencia estas amenazas a profesores.