Agredir a un maestro, un enfermero, un médico y hasta a un policía en España sale barato. Si la agresión física o verbal es leve la pena da risa, con lo que se incumple el principio de que las condenas penales deben servir para evitar nuevos delitos similares. No estamos pidiendo en este foro que los maleducados e intolerantes que descargan su frustración y complejos en personas que trabajan para el bien común, como los docentes o el personal sanitario, sean condenados a veinte años de cárcel, pero sí hace falta una especial protección para determinadas profesiones.
Las víctimas de estos ataques no solamente reciben el daño físico y la humillación de ser zarandeados en su lugar de trabajo. También arrastran secuelas en forma de depresiones y otros trastornos psicológicos, que son difíciles de superar.
Algunos profesores tienen que lidiar con alumnos desmotivados, violentos y con problemas de adicciones a todo tipo de substancias. Dar clase en esas condiciones y poner orden en las aulas resulta muy complicado. En ese caldo de cultivo suelen producirse las agresiones a los profesores, que muchas veces se encuentran solos ante el peligro.
Prevenir estos brotes de violencia y proteger a los docentes son tareas del claustro de cada centro y de las autoridades educativas. La intervención de los juzgados de menores tendría que ser en estos ámbitos mínima, si funcionasen correctamente los protocolos preventivos. Otro factor de riesgo son los padres airados, a los que resulta difícil reeducar. Aquí sí que la Justicia ha de ser dura.
