Resulta un misterio que el Partido Popular no haya podido personarse aún en el caso Contratos, una presunta trama de trato de favor en varios departamentos del Govern y Cort en favor del exjefe de campaña de Més, Jaume Garau. El magistrado Enrique Morell ha denegado, por dos veces, que el PP ejerza la acusación popular. La causa del veto es que la fuerza conservadora no aclara para qué quiere ser acusación popular y se remite a una fantasmagórica querella de innoto paradero.
Visto desde fuera, está claro que el PP actúa por interés político, y quizás en reciprocidad, dado que Més está personado como acusación en el caso Son Espases, donde están acusados Jaume Matas y Aina Castillo, entre otros. Pero también cabe presumir que busca la verdad procesal en un caso, donde la fiscalía limitó los contratos sospechosos de trato de favor a Garau a unos pocos y orilló otros que también podrían ser delictivos.
Por otro lado, las defensas de los investigados temen que la instrucción se enrede y se amplíe a más contratos. Por eso lógicamente se oponen a que el PP ejerza la acusación popular.
Las pesquisas realizadas hasta el momento han sido bastante favorables a Jaume Garau, la exconsellera de Cultura Ruth Mateu, y los exaltos cargos Jaume Gomila y Josep Ramón Cerdà. No se descarta que el juez acabe sobreseyendo el caso sin oposición de la fiscalía anticorrupción y de la acusación particular en nombre del actual Govern.
