Veinticuatro titulares de amarres en Port Adriano, donde desde hace años atracan sus pequeñas embarcaciones, han demandado a la concesionaria Ocibar S.A. por intentar desalojarlos aplicando la Ley de Costas. Según los demandantes, representados por el abogado Gabriel Mayol, la empresa pretende expropiarles de sus derechos para explotar los amarres con embarcaciones de alquiler, un negocio más lucrativo. Los afectados sostienen que la concesión de Ocibar debía durar hasta el 25 de octubre del 2024, pero la sociedad obtuvo una prórroga hasta 2037 "mediante un nuevo título concesional, previa renuncia a la primitiva concesión y sin notificarles nada a los titulares de los amarres con derechos adquiridos".

La empresa ha notificado a los demandantes que sus amarres caducaban el pasado 28 de julio. Mayol sostiene que las razones de la concesionaria son que la Ley de Costas y su Reglamento obligan a la extinción automática de los derechos de los amarristas. La demanda, que ya ha sido admitida en un juzgado de primera instancia de Palma, argumenta que en este supuesto no es de aplicación la Ley de Costas, sino la Ley de Puertos del Estado y la Ley de Contratos del Sector Público. Esa legislación haría que los amarres se pudiesen ocupar hasta 2027 por los actuales titulares, incluso si la concesión fuera revocada por el Estado.

Los particulares acusan a la sociedad de un enriquecimiento injusto a costa de sus derechos. También lamentan que Ports de les Illes Balears no haya atendido sus reclamaciones, por lo que han tenido que acudir a los tribunales. Gabriel Mayol explica que en otros puertos de las islas, como Portals, la concesionaria también ha visto ampliarse la explotación mediante una prórroga, pero no se han producido las expulsiones de los antiguos amarristas.

Puerto Portals está manteniendo los derechos de los amarristas conforme a su primera concesión, apostilla el letrado. Ahora se abre un plazo de dos meses para que otros dueños de barcos pequeños que atracan en Port Adriano se unan a la demanda.