La visión de la prostitución como una agresión a la mujer es defendida por los sindicatos mayoritarios, las organizaciones que trabajan con las mujeres en esa situación y las formaciones políticas. Pero las dudas comienzan a aparecer cuando se plantean las medidas para que éstas puedan mejorar sus condiciones de vida, en un debate que se reconoce como "incómodo" debido a la escasez de datos y de estudios en profundidad sobre el mismo, y que no se ha planteado "con seriedad" en muchas de estas organizaciones. Pese a ello, un punto en el que la opinión es mayoritaria es que la creación de un sindicato de "trabajadoras sexuales" no es en absoluto una vía adecuada (la simple idea es calificada de "aberración" por parte de algunas de las personas consultadas). Con una excepción: Ciudadanos defiende esta iniciativa como una forma de dignificar la situación de las personas en situación de prostitución, siempre y cuando vaya acompañada de medidas para combatir a las mafias y a los proxenetas.
Este "incómodo" debate se ha reabierto de la mano del "gol por la escuadra" que, según sus propias palabras, le han colado a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, al registrar su departamento los estatutos de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), sindicato para las personas en situación de prostitución, lo que ha derivado ya en la dimisión de la directora general de Trabajo, Concepción Pascual.
La directora del Institut Balear de la Dona, Rosa Cursach, es la que califica de aberrante la creación de dicho sindicato, al considerar que supone equiparar la prostitución con un trabajo, y dar al proxeneta la categoría de empresario. "La mayoría de las mujeres en esa situación son víctimas de trata o de explotación sexual, y en muchos casos han llegado a ella engañadas", lo que plantea como uno de los motivos por los que no se puede considerar como un empleo "que se abuse de personas solo para conseguir el placer masculino".
En su opinión, la alternativa para ayudar a estas mujeres es la aplicación de iniciativas como la elaboración del plan autonómico contra la trata que se ha puesto en marcha en las islas, y que prevé la oferta de alternativas profesionales para las personas en situación de prostitución y mejoras en su formación, además de campañas de concienciación contra esta actividad entre la población y, especialmente, entre los jóvenes. Y a todo ello añade el trabajo que los Cuerpos de Seguridad y la Fiscalía desarrollan contra las mafias y los proxenetas.
Pero curiosamente, entre las formaciones políticas que evitan posicionarse sobre la creación del citado sindicato se encuentra precisamente la que ha impulsado su nombramiento en el IbDona: Més.
Desde este partido se evita expresar su postura alegando que en su seno hay diferentes sensibilidades respecto a este tema y que no se ha realizado un debate en profundidad en su seno.
La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, reconoce que en la izquierda política el debate sobre la prostitución no está cerrado, pero en cualquier caso rechaza la creación de un sindicato por cuanto eso supone convertir al proxeneta en empresario y dar por buena la obtención de un beneficio por parte de éste con el trabajo de esas mujeres, de las que solo el 3% declara dedicarse a esta actividad de forma voluntaria, apunta.
La portavoz del PP, Marga Prohens, califica de "vergonzoso" el "gol por la escuadra" a la ministra y se declara en contra del sindicato por considerar que supone un paso para regularizar la prostitución cuando ésta es el reflejo de la "desigualdad y de la violencia contra la mujer", y en la inmensa mayoría de los casos solo es ejercida cuando no se tiene otra alternativa. Además, rechaza que el Estado pueda lucrarse mediante el cobro de impuestos o cotizaciones a través de esta actividad. Por ello, defiende la oferta de alternativas laborales y la lucha contra las mafias.
Similar es el análisis que hace Silvia Cano, del PSIB-PSOE. Rechaza la creación del sindicato para unas personas que "en el 90% de los casos son explotadas sexualmente o son víctimas de la trata", y apuesta por la búsqueda de alternativas laborales y por la formación, especialmente para los más jóvenes, respecto a la violencia contra las mujeres que la prostitución supone. "No se puede considerar un trabajo la utilización de seres humanos como mercancía", afirma.
Desde Podemos, Aurora Ribot, no se posiciona respecto a si la creación de un sindicato es adecuada o no ("el Gobierno es el que debe decidir sobre su legalidad"), y subraya la necesidad de mantener contactos con las mujeres en situación de prostitución, con la elaboración del correspondiente estudio, para que cualquier medida que se tome no termine perjudicándolas. Hay otras dos iniciativas que defiende: una ley integral contra la trata y la lucha contra los proxenetas. Reconoce que se trata de "un debate muy complejo, en el que hay que ser rigurosos para no perjudicar a estas mujeres".
El portavoz de El Pi, Jaume Font, es otra de las voces contrarias a la legalización de sindicato y denuncia que la mayoría de las mujeres en esta situación son víctimas de trata y de explotación sexual. Por ello, defiende la oferta de alternativas laborales para ellas y la lucha contra las mafias. "No se puede respaldar el maltrato a las mujeres", añade.
Regularización
La excepción la marca Ciudadanos por boca de Xavier Pericay. Defiende con contundencia la lucha contra las mafias y contra la trata, pero también la creación de un sindicato que pueda defender los derechos de las personas en situación de prostitución y su regularización, de forma que, por ejemplo, puedan cotizar para tener derecho a una futura pensión. "Si algo existe, tiene que aflorar y no negar la evidencia", afirma, y señala que la regularización de aquellas mujeres que libremente quieren dedicarse a la prostitución puede suponer ventajas para ellas en materia de atención sanitaria o cotizaciones.
La unanimidad en las organizaciones sindicales tampoco es completa. Desde CC OO, Eva Cerdeiriña reconoce que el debate sobre la forma de afrontar la prostitución (abolición, prohibición o legalización) "es incómodo y no está concluido", en muchos casos por falta de datos, pero se declara contraria a la creación de un sindicato para una actividad que es "violencia contra la mujer". En su opinión, "contra quien hay que ir es contra los proxenetas, las mafias y los clientes que impulsan esta explotación", y defiende la educación como vía para evitar que los jóvenes terminen convirtiéndose en prostituidores (clientes).
Xisca Garí, de UGT, apuesta por la abolición y rechaza la legalización, además de defender la persecución de proxenetas y de clientes, dado que la prostitución "es una actividad relacionada con la trata de seres humanos" y "no se puede legalizar un negocio en el que la mercancía es el cuerpo de una mujer". Por ello, insiste en que lo que hay que hacer es "ayudarlas a salir de ese infierno".
Respecto a las organizaciones que trabajan con las mujeres en situación de prostitución, desde el Casal Petit se considera que un sindicato no es una alternativa para unas personas que mayoritariamente se ven forzadas a ejercerla, mientras que Médicos del Mundo no se pronuncia sobre un tema laboral, pero apuesta por la abolición.
