Carlos García Roldán, el empresario al que la Guardia Civil busca por unas presuntas estafas millonarias con pisos y chalés fantasmas, ha acumulado en los últimos días cinco nuevas querellas y denuncias a las 18 que ya tenía antes del estallido de la operación policial de la semana pasada. Dos de los nuevos denunciantes son clientes de las sociedades de García Roldán y de su presunto cómplice Michele Pilato, que han decidido unirse a los otros querellantes tras saber el alcance de los hechos.
En los últimos días al menos dos querellas contra Roldán y sus presuntos cómplices se presentaron en el juzgado de guardia. Los otros tres casos se estaban ya investigando en el juzgado de instrucción 2, pero no se habían incluido en la primera lista de 18 causas penales.
El juzgado de instrucción 8 tramita al menos cinco casos contra el supuesto entramado; instrucción 2 lleva tres causas; el número 11 ha recibido dos denuncias, al igual que el 7,el 10, 12 y el 5; y los números 3, 9 y 6 se ocupan de una cada uno. Quedan por asignar las dos que entraron por la guardia.
Por ahora, el juzgado de instrucción 3 de Palma, que dictó las órdenes de entrada y registro, se ha hecho cargo del atestado policial que elaboró la Policía Judicial de la Guardia Civil de Algaida tras las detenciones de la semana pasada.
Cuatro de los detenidos en aquella operación fueron puestos a disposición del juzgado de instrucción 5 de Palma, que decretó la prisión para dos de ellos, Michele Pilato y el constructor catalán José Antonio Mir Pérez, y libertada para otros dos, entre ellos el arquitecto Bruno Freire. Ni el 5, ni el 3 quieren hacerse cargo del caso y todavía no se han despejado las dudas de si el juzgado 11, que es el que primero recibió una denuncia contra García Roldán, acabará abriendo una macrocausa y asumiendo las otras 22 denuncias. En ese sentido la fiscalía no se muestra partidaria de acumular en un sumario todos los presuntos delitos atribuidos al entramado. Esta macrocausa se haría cargo de las 23 querellas y de las que se espera entren en los próximos días. El número de afectados rondaría entre las 150 y las 200 personas.
La fiscalía cree más conveniente agrupar las denuncias por las 17 promociones inmobiliarias que el entramado societario dirigido por Roldán simuló poner en marcha.
El triple de la pena mayor
De todas formas, y en caso de una hipotética condena, los investigados solo cumplirían el triple de la pena mayor, dado que se entendería que son delitos relacionados, como le pasó al exdirector general de Urbanismo del Govern Jaume Massot en el caso Andratx. Fuentes judiciales también afirman que es un claro caso de delito continuado que debe ser investigado por un solo juzgado.
Entre las víctimas hay numerosos extranjeros, que también podrían ejercer acciones penales.
