El Govern encargó ayer a la Abogacía de la Comunidad solicitar una autorización judicial para exhumar los restos de una persona sepultada recientemente en el cementerio de Porreres, después de que fuera enterrada el pasado 5 de julio en una capilla precintada por el Govern. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, explicó que esta exhumación es necesaria para la "continuidad" de los trabajos de localización y exhumación de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
La intervención en la fosa de Porreres, en su segunda fase, estaba prevista en el Plan de Actuaciones de 2018 de la conselleria de Cultura. La consellera Fanny Tur dictó una resolución el 4 de julio por la que, como medida cautelar, se dispuso el precinto inmediato del espacio físico afectado por las actuaciones de desmontaje y posterior edificación del bloque de nichos y capillas del cementerio de Porreres. El inicio de las obras requiere el traslado de todos los restos que estén actualmente sepultados, con el fin de "causar los menores perjuicios posibles a los gestores del cementerio, a las empresas contratistas y a las familias afectadas".
Previamente, según informó el Govern, la Conselleria había realizado las gestiones oportunas para poner a disposición de la familia otra sepultura alternativa con carácter provisional.
De acuerdo con el decreto que regula el ejercicio de la sanidad mortuoria de Balears, la exhumación de un cadáver antes de que hayan transcurrido dos años desde la inhumación requiere la intervención judicial, la cual también es necesaria si la exhumación debe realizarse entre los días 1 de junio y 30 de septiembre.
