El Govern acordó ayer adoptar el protocolo de actuación en casos de abuso sexual y explotación sexual infantil en Balears, un nuevo documento impulsado por la conselleria de Serveis Socials, a cuyo frente se encuentra Fina Santiago, que complementa el Protocolo marco de actuaciones de maltrato infantil que se desarrolla desde 2007. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, precisó que este protocolo es "más específico y concreto" que el general, ya que "refuerza las medidas y actuaciones relacionadas con los casos de abuso y explotación sexual infantil".
El objetivo de este protocolo es mejorar la coordinación entre los distintos agentes que intervienen en estos casos. En su aplicación están implicados órganos judiciales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servicios de protección de menores de los consells insulars, los servicios sociales de los ayuntamientos, la Policía Local, profesionales del ámbito educativo, unidades especializadas en estos casos, profesionales sanitarios y ONGs.
Así, el documento prevé actuaciones específicas que estos agentes deberán llevar a cabo cuando se produzca un caso de abuso y explotación sexual en las islas, como la detección y notificación, la valoración e investigación, el tratamiento de las víctimas y los agresores menores de edad y el seguimiento de estos casos.
El protocolo marco de actuaciones que se ha ido desarrollando hasta ahora contempla, entre otras cuestiones, que en los casos en los que hay evidencias de maltrato grave o sexual o sea un caso urgente, los servicios de protección de menores de los consells insulars deben comunicarlo a la Fiscalía de Menores, mediante un informe con la información recopilada y la evaluación del menor. La Fiscalía de Menores o juzgado de guardia debe decidir si hay sospechas de delito. De ser así, la intervención debe ser inmediata, actuando en interés y protección del menor y coordinada entre los ámbitos de intervención.
El nuevo documento complementa este protocolo marco con el fin de contar con un instrumento técnico que mejore la coordinación interinstitucional en las actuaciones ante casos de abuso y explotación sexual infantil.
