La seguridad en el centro de reclusión de menores de Es Pinaret, dependiente del Govern y protagonista desde hace décadas de numerosos incidentes, fugas de internos y sobresaturación, será analizada en un juicio oral señalado para finales del mes próximo. La ex directora de Es Pinaret, Maite A., y la persona que en 2015 era jefe de mantenimiento del centro serán juzgados por el supuesto homicidio imprudente de O.R., que falleció a los 17 años tras provocar él mismo un incendio en su celda.

Tres años ha tardado la Justicia en llevar a juicio esta muerte, ocurrida el 14 de octubre del 2015. El Govern confiaba en el archivo del caso y ya ha indemnizado extrajudicialmente a la familia del fallecido con 224.000 euros. La Administración Autonómica figura como responsable civil.

El juzgado de lo penal 7 ha señalado varios días para la vista oral, a partir del 24 de septiembre. De la complejidad del juicio se deriva el hecho de que están citados más de 30 testigos y 7 peritos.Alarmas antiincendios

Los dos acusados niegan los cargos y la exdirectora ha alegado en su descargo que ella solo se ocupaba de coordinar las actividades educativas del centro.

El menor fallecido, que era un interno conflictivo, logró introducir en su celda una caja de cerillas. Colocó el colchón y varias prendas junto a la puerta y provocó un incendio con las cerillas.

El fuego se propagó por la habitación, que estaba cerrada con llave desde el exterior. La puerta no se pudo abrir porque las cerraduras no funcionaban correctamente. Al no poder abrirse la puerta a tiempo, el adolescente, que estaba castigado en su celda, falleció como consecuencia de las quemaduras y asfixia que sufrió.

Según afirmó la Audiencia el pasado abril (en un auto donde se confirmó el procesamiento de los dos acusados), después del siniestro se descubrió que el sistema de alarma había sido retirado, a instancias del subdirector, para evitar que el menor lo dañase. Al no existir alarma, la única forma de avisar ante un incendio era dar golpes a la puerta. Este sistema contraincendios estaba estropeado desde mayo de 2014, mucho antes de la dramática muerte. La empresa que se encargaba del mantenimiento colocó una pegatina advirtiendo de la avería.

La Audiencia destacó que una de las circunstancias que justifica que se juzgue al jefe de mantenimiento es que consiguió un certificado, a través de firmas falsas, en el que se afirmaba que el sistema contraincendios era correcto. El tribunal postulaba que, si bien este técnico no tenía conocimientos para reparar la avería, sí pudo preocuparse por solicitar presupuestos a varias empresas y presentarlos a la gerencia para su aprobación. Los presupuestos los pidió, pero nunca los entregó.

Velar por la integridad física

Los jueces apuntaron a que, en su calidad de jefe de mantenimiento, ostentaba una posición de garante respecto a la vida e integridad del menor que falleció. El acusado, según detalló la resolución judicial, tras el suceso tuvo una reunión con empleados de la empresa de seguridad y limpieza, a los que pidió que destruyeran un parte de avería previo a la muerte del menor. Sobre la exdirectora, que alegaba que su cometido era de organización educativa, la Audiencia declaró que ostentaba una posición de garante y debía velar por la integridad física de los menores a su cargo. Así tenía obligación de controlar las instalaciones del centro y conocía que el sistema de alarma de incendios no funcionaba.