Con los precios de la vivienda disparándose, las ofertas de la inmobiliaria Mallorca Investment y la promotora Lujo Casa sonaban a ganga. Siempre sobre plano, ofrecían pisos, casas y chalés con ventajosas condiciones y apariencia de gran solvencia. Pura fachada para ocultar lo que podría ser la mayor estafa inmobiliaria cometida jamás en Balears: "Han vendido 21 promociones y no han puesto ni un ladrillo. El mismo chalé lo vendieron hasta cuatro veces a personas diferentes", resume uno de los denunciantes, tanto españoles como extranjeros. Algunos llegaron a entregar hasta 200.000 euros como señal por una casa de lujo de la que no hay ni cimientos.

El relato de los afectados revela un modus operandi sistemático. "En marzo de 2017 reservamos un piso sobre plano y nos hicieron aportar el 10 por ciento, 18.500 euros. Al no recibir noticias y ver que las obras no empezaban, fueron a la inmobiliaria y descubrimos que allí ya no había oficina, solo una chica capeando el temporal. El encargado había desaparecido y no contestaba al teléfono", cuenta una afectada.

Otra pareja cuya hija padece una enfermedad rara degenerativa encontró en Marratxí la casa que buscaba para atender las necesidades de la menor. La promotora aseguraba que iba a construir 65 viviendas en un solar de 7.000 metros cuadrados comprado a un banco a precio de saldo, lo que les permitía ofrecer precios muy competitivos. Tras varias reuniones, formalizaron un contrato de reserva y entregaron 26.950 euros, el 10 por ciento del precio final. "Les dieron un documento, que en realidad no tiene ningún valor jurídico, en el que se comprometían a devolver el dinero si desistían. Y consumaron el engaño", cuenta su letrado, Eduardo Luna, que presentó en mayo una querella por estafa contra las dos sociedades y sus responsables, Carlos G.R. y Michele P., al comprobar que no había ninguna obra ni les ofrecían explicaciones convincentes.

Entre los perjudicados hay quienes fueron más allá y entregaron otro 20 por ciento cuando los proyectos urbanísticos, según los documentos que les mostraban los sospechosos, habían recibido el visto bueno de las autoridades. Los acusados se escudaban en las trabas burocráticas para intentar justificar la demora en el inicio de las obras.

La investigación de la Guardia Civil ha revelado que en algunos casos las fincas en las que supuestamente iban a construir ni siquiera eran suyas. También hay futuras y supuestas viviendas que han sido vendidas varias veces a diferentes compradores. Los agentes han constatado también que las promociones ofrecidas siguen siendo solares.

El fraude, iniciado hace unos dos años, se hizo insostenible a principios de este, cuando decenas de afectados pedían respuestas que no obtenían. El abogado Bartolomé Salas acabó reuniendo medio centenar de denuncias de perjudicados y desencadenó la investigación de la Guardia Civil.