Las entidades sociales que gestionan servicios públicos dejarán de tener que estar pendientes cada año de la publicación de la correspondiente convocatoria de subvenciones (y de posibles cambios de criterios por parte de la administración pública de turno) gracias a la futura ley de acción concertada, que afectará a todas las administraciones públicas y será aprobada por el Consell de Govern este viernes.

El texto de esta normativa, que surge tras la aprobación en mayo de la Ley del Tercer Sector en el Parlament, ha sido consensuado con las entidades, algo que éstas han aplaudido y agradecido hoy en la presentación hecha por la presidenta Francina Armengol en el Consolat de Mar junto a los consellers Fina Santiago (Servicios Sociales) y Iago Negueruela (Trabajo). Por parte de las entidades, han estado presentes miembros de FOQUA, EAPN, PREDIF, REAS y PLAVIB y Carmen Castro ha sido quien ha hablado en nombre de todas ellas y ha celebrado la rapidez del Govern para desarollar esta nueva ley que les traerá "estabilidad" a la hora de desarrollar su trabajo.

Santiago ha destacado que con esta legislación se valora la experiencia más que el carácter económico de las organizaciones que aspiran a dar un servicio público: "No puede ser lo mismo comprar unas sillas que contratar un servicio de psicólogos de atención a menores", ha razonado. Por ello, ahora la parte técnica de los requisitos (la experiencia en el sector) pasará a contar más y se exigirá un mínimo de puntos para evitar que grandes empresas no especializadas y cuya actividad no tiene nada que ver con el servicio ganen los concursos por tener más solvencia y por tanto mayor puntuación en la parte económica de la convocatoria. La consellera también ha señalado que la norma fomenta que sea la propia ciudadanía (organizada en entidades) la que asuma y participe en los servicios que le afectan.

Otras novedades que supone esta ley, que las entidades han pedido que se apruebe en el Parlament por lectura única, es que contempla la posibilidad de que en algunos casos y de forma justificada se convoquen concursos restringidos a organizaciones del tercer sector. Siempre estarían por debajo de los 750.000 euros y por menos de tres años, ha señalado Santiago.

También por primera vez la norma incluirá la concertación de la formación y orientación del servicio de Ocupación, como ha valorado el conseller Negueruela.

Armengol ha insistido en poner el acento en que esta legislación es pionera a nivel estatal y sigue los preceptos marcados en este campo por la Unión Europea. La presidenta ha señalado la idea es consolidad un determinado modelo de servicios sociales en el que "no todo es por interés económico", ha indicado.