Més per Mallorca presentó ayer una Proposición no de Ley en el Parlament por la que insta al Gobierno central a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el fin de incluir medidas que faciliten el acceso a la vivienda, entre las que se incluye la posibilidad de fijar precios máximos de alquiler en zonas donde existe un grave problema, como ocurre en el centro de Palma.
El alcalde Palma, Antoni Noguera, presentó la propuesta junto al portavoz parlamentario de Més, Josep Ferrà, y Joana Aina Campomar, diputada del partido. Noguera incidió en la necesidad de adoptar medidas contundentes dado que hay zonas donde los precios de alquiler son "inasumibles" por los ciudadanos. Si la petición de Més fuera atendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, en el caso de que algún propietario intentara alquilar su vivienda por un precio superior al precio máximo establecido se le prohibiría, según precisó Noguera, quien recordó que Barcelona y otras ciudades europeas como París o Berlín están impulsando la aplicación de precios de referencia. Campomar precisó que este índice de referencia, que podría establecerlo los ayuntamientos o el Govern, sería de gran utilidad para los tribunales de vivienda o para quienes deban decidir si un alquiler es o no abusivo.
En su propuesta, Més insta al Gobierno central a una "reforma inmediata" de la LAU que contemple, al menos, la eliminación del desahucio exprés, ampliar la duración de los contratos de alquiler mínimo de tres a cinco años y modificar la regulación de precios para que sea posible fijar en determinadas zonas precios de alquiler de referencia que marcarían el límite máximo, tras realizar un estudio sobre la situación en cada zona.
Noguera, quien calificó de "crítica" la situación de Palma en lo que se refiere a los alquileres, afirmó que en los últimos años estos precios se ha incrementado en casi un 40 por ciento, con casos en los que lo que se pide por alquilar un piso es claramente "abusivo".
Peticiones
Además de la modificación de la LAU, Més insta al Gobierno central a "facultar y dotar de instrumentos legales a los municipios que padezcan incrementos desmesurados de los precios de alquiler para intervenir, con el fin de impedir las rentas abusivas", fomentar los contratos de larga duración con "medidas de control de precios" y aprobar "un nuevo marco legislativo en el que el derecho a la vivienda tenga carácter subjetivo". Todo ello a fin que la administración garantice este derecho a los ciudadanos que no lo tengan por motivos socioeconómicos.
Asimismo esta proposición no de ley pide que se revise la fiscalidad sobre vivienda, en especial sobre las sociedades patrimoniales, con el fin de "fomentar la vivienda asequible y dotar a la administración de más recursos para desarrollar las necesarias políticas de vivienda".
Ferrà defendió la labor desarrollada en esta materia por el Govern y el ayuntamiento de Palma durante esta legislatura, pero insistió en que "los esfuerzos" deben ir acompañadas de "políticas efectivas" por parte del Gobierno. Por ello, emplazó al Ejecutivo y al Congreso a "implicarse para modificar un marco legislativo injusto" e impulsar "políticas de cambio en materia de vivienda, algo que no hizo el Gobierno del PP".
