Més ha presentado hoy una Proposición no de ley por la que insta al Gobierno central a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con el fin de incluir medidas que faciliten el acceso a la vivienda y que sea posible fijar precios máximos de alquiler en zonas donde existe un grave problema, como ocurre en Palma en las zonas del centro o el barrio de Santa Catalina.
El alcalde Palma, Antoni Noguera, ha presentado la propuesta junto al portavoz parlamentario de Més, Josep Ferrà, y Joana Aina Campomar, diputada del partido. Noguera ha incidido en la necesidad de adoptar medidas contundentes dado que hay zonas en donde los precios de alquiler son "inasumibles" para los ciudadanos. Si la petición de Més fuera atendida por el Gobierno de Pedro Sánchez, si algún propietario intentara alquilar su vivienda por un precio superior al precio máximo establecido se le prohibiría, según ha precisado Noguera quien ha recordado que Barcelona y otras ciudades europeas están impulsando la aplicación de precios de referencia.
En su propuesta, Més insta al Gobierno central a una "reforma inmediata" de la LAU que contemple como mínimo la eliminación del desahucio exprés, ampliar la duración de los contratos de alquiler mínimo de tres a cinco años y modificar la regulación de precios para que sea posible fijar en determinadas zonas precios de alquiler de referencia que marcarían el límite máximo, tras realizar un estudio sobre la situación en cada zona. Noguera ha afirmado que en los últimos años el precio de alquiler en Palma se ha incrementado en casi un 40 por ciento, con casos en los que lo que se pide por alquilar un piso es abusivo.
Además de la modificación de la LAU, Més insta al Gobierno central a "facultar y dotar de instrumentos legales a los municipios que padezcan incrementos desmesurados de los precios de alquiler para intervenir con el fin de impedir las rentas abusivas", fomentar los contratos de larga duración con "medidas de control de precios" y aprobar "un nuevo marco legislativo en el que el derecho a la vivienda tenga carácter subjetivo", de tal manera que la administración garantice este derecho a los ciudadanos que no lo tengan por motivos socioeconómicos.
