Acusaciones y defensas en el caso Puertos, la presunta trama de corrupción entre 2003 y 2009 entorno a valiosas concesiones de amarres en puertos de las islas dependientes de la Autoridad Portuaria (APB), han iniciado las negociaciones de cara a buscar un acuerdo para evitar la celebración de la vista oral, señalada por la Audiencia para enero.
En la causa hay doce acusados que se enfrentan a elevadas penas de cárcel y al abono al Estado de compensaciones millonarias, indemnizaciones que pueden dificultar una sentencia de conformidad. En favor de los encausados se halla la circunstancia de dilaciones indebidas, dado que el sumario se abrió en 2010 y todavía no se ha celebrado la vista oral.
El juez Antoni Rotger abrió juicio oral contra el exdirigente socialista Francesc Triay, expresidente de la Autoridad Portuaria de Balears; el empresario Gerardo Díaz Ferrán; el exdirector de Puertos de Balears, Ángel Matías y otros 9 acusados por el llamado caso Puertos o Mar Blau, un presunto entramado de corrupción entorno a tres concesiones en puertos de Maó, Eivissa y Formentera. El magistrado señaló para los acusados una fianza de 50 millones de eurosfianza de 50 millones de euros para posibles indemnizaciones al Estado.
Cuatro empresas implicadas en el presunto entramado -Trapsa Yates S.L (Grupo Marsans), Teinver S.A., Serveis Maritims Port d'Eivissa S.L. y Marina de Formentera, también se vieron conminadas a cubrir fianzas por 55 millones de euros.
El juez imputó a los doce acusados un rosario de delitos: alteración de subastas y concursos; falsedad documental; fraude a la administración; prevaricación; tráfico de influencias; cohechos; revelación de secretos; infidelidad en la custodia de documentos y malversación.
Las acusaciones particulares reclaman penas de 14 años para Díaz Ferrán y Triay, y de 35 años para Ángel Matías. La fiscalía anticorrupción, a través de Juan Carrau, solicita 10 años de privación de libertad para Triay y elevadas penas para el resto de acusados.
Las tres acusaciones particulares -el particular Ramón Orfila Sintes (que denunció los hechos), la Asociación de Usuarios del Puerto de Ibiza y la empresa Formentera Mar S.A.- piden la condena para 11 personas, entre empresarios, ejecutivos de las sociedades antes mencionadas y ex altos cargos o funcionarios de la Autoridad Portuaria.
Amaños de concursos
Las acusaciones y la Fiscalía también solicitan multas e indemnizaciones millonarias para el Estado. Los hechos se produjeron a partir de 2003, cuando la Autoridad Portuaria estaba presidida por el fallecido Joan Verger y se prolongaron hasta 2008. Triay estuvo al frente de la entidad desde 2007.
Entre los acusados también destaca Juan Carlos Rodríguez-Toubes Núñez, almirante de la Armada en la reserva activa y presidente de Trapsa Yates, una antigua empresa de Díaz Ferrán implicada en la presunta trama.
La Audiencia ha señalado 25 sesiones para esta vista oral a partir del 9 de enero.
Las partes, entre las que también se halla la Abogacía del Estado en calidad de acusación particular, intentarán sellar un acuerdo que permita a los acusados reducir sus condenas y a los perjudicados resarcirse del daño patrimonial.
El escrito de acusación Juan Carrau desvela los métodos que, supuestamente, utilizaron los responsables de la Autoridad Portuaria de Balears para amañar concursos sobre la explotación de instalaciones deportivas para favorecer a determinadas empresas. Así, detalla que Juan Verger Pocoví, que fue presidente de la APB entre 2003 y 2007, mantuvo conversaciones con los responsables del Club Marítimo de Maó, proponiéndoles alterar el concurso que había ganado la empresa Trapsa de Díaz Ferran. La solución que propuso Verger es que este club entregará una contraprestación a Trapsa Yates.
