El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Juan Molas, tachó ayer de “grotesca” y “vergonzante” la decisión de Competencia de impugnar las recientes normativas urbanísticas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastián en materia de vivienda turística.

“Nos parece no solo grotesco, sino vergonzante que Competencia haya recurrido las ordenanzas de estos municipios”, señaló Molas durante una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, donde lamentó que la actuación de la CNMC supone “echar más leña al fuego”.

El presidente de CEHAT apuntó que comunidades autónomas y ayuntamientos son los que mejor conocen lo que sucede en realidad y expresó su confianza en que a la vuelta de las vacaciones de verano Gobierno y CC AA se pongan de acuerdo en “leyes lo más homogéneas posible” sobre esta problemática, añadiendo que los gobiernos locales también tienen mucho que decir al respecto. “Esperemos que el Gobierno ponga orden en un tema que el anterior no lo hizo”, comentó el representante de los hoteleros españoles.

Señaló que “las mal llamadas viviendas turísticas” representan una competencia “tremenda” para el sector hotelero, que sí cumple todas las normas, mientras estas viviendas irregulares disfrutan de “impunidad absoluta” y ocupan alrededor de un 20% del mercado.

Mallorca, en el punto de mira

Precisamente Mallorca está en el punto de mira de Competencia. Como público este rotativo, el organismo estatal cuestiona la prohibición del alquiler turístico en suelo rústico, al considera que limitar esta modalidad en mayor medida que los alojamientos tradicionales perjudica la economía. Es decir, el informe rebate los criterios que ha marcado la zonificación aprobada por parte del Consell en la que se establecen zonas maduras y saturadas.

La semana pasada, la CNMC acordó impugnar las recientes normativas urbanísticas municipales de Madrid, Bilbao y San Sebastián en materia de vivienda turística, al considerar que las normas de estos ayuntamientos son “contrarias a la competencia” y a los principios de regulación económica eficiente, y “perjudican a los consumidores y usuarios”.