El Consell niega que haya un elevado número de menores tutelados por un exceso de celo, aunque admite que las tutelas podría bajar aumentando los trabajos de prevención con las familias, e introduciendo medidas como la mediación y nuevos protocolos; una línea en la que el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMASya ha comenzado a trabajar.
Así lo indica Margalida Puigserver, directora del IMAS, responsable de los servicios de Protección Infantil que ahora tienen bajo su tutela o guardia a un millar de menores.
Puigserver responde así a las propuestas de mejora del servicio expuestas por el director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM), Serafín Carballo, en una entrevista de este diario en la que destacó que Balears es una de las comunidades con el índice más alto de menores tutelados por la Administración y abogó por dotar al sistema de mayor transparencia y por dar a las familias más recursos pedagógicos, terapéuticos y de asesoría.
En este sentido, Puigserver matizó que la sociedad balear tiene sus "particularidades" por el tipo de trabajo estacional, que deja a muchas familias en una situación de precariedad y estrés que en algunos casos puede derivar en consumos de sustancias tóxicas y/o en maltratos si no se sabe gestionar.
La consellera insular de Bienestar Social desliga la situación económica de las familias de la retirada de tutelas: "No se tutela a un niño porque la familia no tenga recursos económicos". Niega que haya una tendencia a retirar la tutela a la mínima y recuerda que Protección empieza a trabajar "siempre" después de haber recibido informes (de algún médico, trabajador social...) alertando ante un posible caso de riesgo.
El director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor defendió instaurar protocolos y sistemas con indicadores "rigurosos y contrastables" para decretar el maltrato, así como avanzar en transparencia.
"Todos los procedimientos son garantistas y las decisiones son tomadas por un equipo de personas a partir de pruebas objetivas", indica Puigserver, que señala que están estudiando implantar un sistema (similar al utilizado en el País Vasco) para agilizar los procesos. Respecto a la transparencia económica, la directora del IMAS señala que el presupuesto de la institución y todos los contratos con las entidades que tienen concierto son públicos: "Cada niño en un centro concertado cuesta 111 euros al día".
Puigserver asegura coincidir con Carballo en la necesidad de potenciar la prevención para evitar que se llegue a alejar a los padres y que por eso han aumentado sus aportaciones a los ayuntamientos (hasta el millón de euros) para que contraten psicólogos y trabajadores sociales que hagan este trabajo directo con familias conflictivas: "Es fundamental trabajar desde la intervención comunitaria, hacer labores de acompañamiento, trabajar la mejora de las habilidades parentales...".
Respecto a la mediación con las familias en desacuerdo con las medidas adoptadas propuesta por Carballo, Puigserver ha señalado que efectivamente ya han comenzado a hablar con la UIB.
