Unió de Pagesos de Mallorca (UPM) se desmarcó ayer del resto de organizaciones agrícolas de Balears, UPA-AIA, Asaja, Agrame y Fagme que el pasado jueves pidieron en el Parlament la inmediata retirada de la polémica Ley Agraria del Govern al considerar que "atenta" contra la agricultura profesional y limita las actividades complementarias. Sebastià Ordinas, secretario general de UPM, aseguró que "creemos que la ley es mejorable, pero consideramos que su retirada sería perjudicial para el sector al ser una norma muy participada".
Ordinas arremetió contra el presidente del PP y anterior conseller de Agricultura del Govern Bauzá, Biel Company, quien criticó que UPM no pida la retirada de la norma que cuenta con más de 500 enmiendas y alegaciones presentadas contra su texto: "Con esta Ley Agraria hemos conseguido que la actividad ganadera se considere preferentes, no como la anterior ley del PP de Company que permitían actividades complementarias como centros de masajes y campos de polo en las fincas agrícolas".
Unió de Pagesos de Mallorca reunió ayer a parte de su comisión permanente, entre los que estaban históricos dirigentes como Pere Calafat, Joan Mas o Tomeu Mulet, para anunciar su postura favorable a la norma que impulsa la conselleria de Medio Ambiente y Agricultura gestionada por Més. Lo hicieron en un campo de viñedos de Santa Maria para dar visibilidad a la actividad agraria tradicional y profesional de Mallorca. A Unió de Pagesos siempre se le ha considerado un sindicato agrario afín a la izquierda y, pese a presentar alegaciones a la Ley Agraria, no han querido pedir su total retirada al Govern del Pacto.
La organización agraria reconoce que hay que mejorar la polémica ley del conseller Vicenç Vidal. Por ello, han presentado más de 30 alegaciones, entre las que están que se permitan hasta 10 plazas para las llamadas agroestancias turísticas en las explotaciones agrícolas y ganaderas, cuando la norma solo permite 5. También piden que se amplíe de 75 metros a 120 las zonas de venta directa de las fincas agrícolas y que se habiliten elecciones sindicales en el sector.
"Defendemos que el principal problema de la agricultura en Mallorca es la urbanización del suelo rústico y esta ley nos tiene que proteger de esta problemática. Si grandes grupos de compra, como pudieran ser los hoteleros, consumieran productos locales y de proximidad, los payeses profesionales no necesitaríamos diversificar nuestros ingresos, ya que podríamos vivir de nuestro trabajo que es producir alimentos", aseveró Sebastià Ordinas.
