El Servicio de acogida municipal para familias (SAM Familias) ha aplazado un mes la expulsión de Juana Mendoza y de sus hijos de dos y tres años del centro que debían abandonar el lunes. Así lo ha anunciado esta mañana la plataforma Stop Maltrato Centro de Acogida, que a pese a todo mantiene las movilizaciones de protesta hasta que las administraciones adjudiquen a esta familia un piso de protección oficial.
"El SAM Familia le concede un mes porque Juana no ha encontrado vivienda. Vaya sorpresa, ¿qué esperaban en agosto o en cualquier otro momento del año con la actual burbuja inmobiliaria?", ha planteado Alma Vives, portavoz de Stop Maltrato Centro de Acogida.
Vives considera que aplazar un mes la expulsión de Mendoza no soluciona el problema porque el 13 de septiembre tampoco podrá afrontar el pago de un alquiler en el mercado libre. "Desde del principio el centro ha actuado de manera poco transparente. Es evidente que con sus ingresos, no podrá acceder a una vivienda", ha indicado.
Por ello la plataforma mantiene la convocatoria de una manifestación el sábado a las 20.00 horas con salida desde Cort, y una concentración de protesta a las puertas del SAM Familia, ubicado en la calle Socors, para el lunes a las 9:30 horas, cuando debía hacerse efectiva la expulsión de la mujer y sus hijos.
Mendoza libra una dura batalla para mantenerse a flote desde hace dos años. Mendoza libra una dura batalla para mantenerse a flote desde hace dos años.En este tiempo se ha separado de su marido maltratador, ha pasado por dos centros de acogida municipales -inicialmente estuvo en el SAM de Violencia de Género-, ha intentado remontar el vuelo en su país de origen, Bolivia, y ahora teme que la separen de sus hijos si no encuentra una vivienda.
El SAM Familia justifica su expulsión del centro por haber rechazado un contrato de trabajo "sin justificación adecuada". Mendoza, que trabaja en el sector de la hostelería, asegura que únicamente comunicó al centro su decisión de cambiar de trabajo porque el actual apenas le permite ver a sus hijos y le obliga a abonar cerca de 500 euros en canguros.
El Ayuntamiento de Palma, por su parte, ha defendido esta mañana la gestión del SAM Familia. "Siempre se ayuda a las familias a restablecer su vida y a superar la situación que les ha llevado al centro. Las decisiones que se toman se basan en criterios técnicos que se centran en dos cuestiones: respeto a la privacidad y a las normas de convivencia. El periodo de estancia se pacta con los usuarios, con los que se acuerda un plan de trabajo y se les ayuda a conseguirlo", ha indicado una portavoz de Cort, al tiempo que ha recordado que en 2017 el SAM ayudó a 228 familias, 380 personas en total.
La plataforma culpa al SAM Violencia de Género de que en su día no le tramitara una solicitud de vivienda pública. También al IBDona y al IBAVI por no respaldarla ahora.
