Los responsables de la investigación sobre el comisario de Policía jubilado, Antoni Cerdà, cada vez tienen sospechas más sólidas que el mando policial habría utilizado una gestión para la fiscalía Anticorrupción, que consistía en ponerse en contacto con El Ico, como coartada para justificar sus encuentros con los narcos de Son Banya, que aseguran que les solicitó dinero para ayudarles en un caso de drogas.

Cerdà negará ante el juez estos cobros y explicará que su encuentro con El Ico respondía a un encargo de la fiscalía, que pretendía aclarar si el joven estaba sufriendo presiones para cambiar de versión en el caso Cursach.

A pesar de que Cerdà lleva dos años jubilado, ha continuado en contacto con jueces, fiscales y compañeros de la Policía. A finales de octubre y dada la relación de confianza absoluta que mantenían los funcionarios judiciales con Cerdà, tomando café en un bar un fiscal le comentó que existía un intenso rumor, que señalaba que El Ico estaba recibiendo presiones para cambiar de versión en el caso Cursach. Cerdà se ofreció a hablar con el hijo de La Paca y se comprometió a conseguir, si existían, unos supuestos mensajes telefónicos, que servirían como prueba en una pieza separada que había iniciado el juzgado de instrucción número 12 de Palma, sobre las presuntas coacciones que estaban recibiendo algunos testigos claves del caso. En ese momento, Cerdà ya estaba siendo investigado por sus compañeros, que sospechaban que estaba facilitando información a los traficantes de Son Banya a cambio de dinero.

Días después de la reunión en el bar, el expolicía entregó al fiscal un aparato utilizado en el espionaje. Se trata de un bolígrafo grabador, que supuestamente Cerdà había entregado al hijo de La Paca para que lo utilizara en una visita que tenía concertada en un despacho de abogados. El comisario entregó dicho aparato al fiscal, que lo envió a la Policía, que comprobó que no había nada grabado. Al tratarse de una prueba de una investigación, el fiscal, que nada sabía de que se estaba investigando al exmando policial, entregó el bolígrafo en el juzgado y realizó un informe sobre la diligencia que había realizado Cerdà. Este informe, que data del mes de noviembre, se incorporó a una investigación secreta sobre las presiones que sufrían los testigos del caso Cursach, que después se archivó.

Cerdà nunca informó a los mandos policiales que se había ofrecido a colaborar con la fiscalía. Se cree que en aquel momento ya sabía que le investigaban.

Lo que no les cuadra a los investigadores es que en las mismas fechas se detectan movimientos extraños entre los integrantes de estos clanes y se intervienen conversaciones entre ellos, en las que señalan que Cerdà les ha pedido dinero para poder ayudar a La Guapi, que se encontraba en prisión por narcotráfico.