Mallorca ha entrado en el radar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que estudiará las normativas en materia de alquiler turístico del Consell y del alquiler turísticoConsellayuntamiento de Palma por si alguna de ellas "perjudicara los intereses de los consumidores", indicó ayer una portavoz de la CNMC a este periódico.
Es un aviso serio porque este organismo, sometido a control parlamentario, acaba de impugnar ante los tribunales las leyes de Madrid, Bilbao y San Sebastiánacaba de impugnar ante los tribunales las leyes de Madrid, Bilbao y San Sebastián al considerarlas "contrarias a la competencia y a los principios de regulación económica eficiente". Y eso que ninguna de las tres ha ido tan lejos como la de Palma, que prohíbe expresamente el alquiler turístico en pisos en todo el municipio.
La vicepresidenta del Govern y consellera de Turismo, Bel Busquets, expresó por la mañana su escepticismo ante una hipotética revisión de la normativa por parte de la CNMC. "Es una ley consolidada y firme jurídicamente", sostuvo Busquets. La ley balear se basa en las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de turismo, al tiempo que traslada los aspectos urbanísticos a las administraciones que pueden actuar en esta materia. Es decir, consells y el ayuntamiento de Palma por la Ley de Capitalidad.
Confianza de Busquets
La vicepresidenta recordó que al principio de la tramitación de la normativa hubo "ciertas amenazas" que no se concretaron. "Nuestra Ley no fue impugnada ni nada parecido", precisó.
Busquets defendió que "cada Comunidad Autónoma tiene una realidad diferente que debe tenerse en cuenta" a la hora de afrontar este asunto, y mostró la disposición del Govern para trabajar con el Ministerio y con otras comunidades autónomas por "si les puede servir de ejemplo" la regulación del alquiler vacacional en Balears.
Competencia no se pone una fecha para rastrear dos normativas, las de Cort y el Consell, que todavía tienen muy poco recorrido. En todo caso, previsiblemente el organismo informará a las administraciones afectadas y podrá sugerirles cambios en el redactado de las leyes antes de impugnarlas, en caso de que lo considerara conveniente.
De este modo las restricciones al alquiler turístico en Palmase someterán al escrutinio de una CNMC que ha llevado a los tribunales a Madrid, Bilbao y San Sebastián por, entre otras cosas, exigir una licencia a un propietario para alquilar su vivienda a turistas o limitar el tipo de inmuebles que se pueden comercializar. Elementos que también aparecen en Mallorca.
Los consistorios afectados tendrán que defender sus normativas en los tribunales mientras Airbnb y otras plataformas reciben oxígeno para seguir desarrollando su actividad.
